Redacción | Provincia.- La diputada socialista por Cádiz, Miriam Alconchel, ha vuelto a exigir al Estado que inicie de forma urgente compensaciones al sector de las autoescuelas tras más de seis meses de huelga de los examinadores de tráfico, Una situación que a su juicio, está provocando “un daño irreparable” a los trabajadores y a los usuarios de la DGT en la provincia de Cádiz con la “agravante de la alarmante situación de desempleo que de por sí ya sufren los gaditanos y gaditanas que no pueden permitirse un nuevo varapalo al escaso tejido productivo provincial existente”.
La socialista jerezana aseguró compartir “la honda preocupación” del sector con cuyos representantes se reunieron hace escasos días los diputados del PSOE por Cádiz en el Congreso de los Diputados. En este encuentro -explicó Alconchel- les trasladamos que “nuestro compromiso es apoyar a los examinadores para que vean hechas realidad sus justas reivindicaciones”.
En este sentido, la parlamentaria nacional alarma acerca de la “torpeza y el desinterés” del Gobierno de Rajoy en este asunto que está provocando la “asfixia de cientos de autoescuelas y el riesgo de perder miles de empleos por la huelga de examinadores de tráfico”. Así y tras seis meses de bloqueo, los socialistas gaditanos han exigido al Gobierno central y al presidente Rajoy “una solución inmediata ante un problema que ya ha provocado el cierre o despido de trabajadores en muchas autoescuelas de nuestra provincia”.
Alconchel ha destacado la magnitud del desastre en un sector con más de 9.000 empresas censadas y unos 30.000 trabajadores en nuestro país. “La incompetencia del Gobierno del PP ha provocado además que 250.000 personas se vean impedidas de presentarse al examen del carnet de conducir; muchos de los cuales necesitan obligatoriamente este documento para poder acceder al mercado laboral”, añadió.
Cabe recordar que la subida que piden los 745 examinadores (140 en Andalucía) representa tan sólo una inversión de 2,7 millones de euros, mientras que las tasas dejadas de cobrar por el Estado como consecuencia de la huelga superan ya los 15 millones. Para la diputada socialista en el Congreso, “estos números demuestran no sólo la insensibilidad del Gobierno, sino también su preocupante ineficacia en la gestión pública”.
