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Se incrementa en casi 900 el número de personas beneficiarias de las ayudas 

El delegado territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, Miguel Andréu, ha visitado esta mañana el Centro de Participación Activa para Mayores Cádiz II ‘La Paz’, situado en la capital, donde ha dado a conocer los datos provinciales en materia de Dependencia, así como los contenidos que la consejera ha planteado abordar en un Pacto de Estado en defensa y garantía del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Andréu ha destacado como dato positivo que durante el primer año del nuevo Gobierno andaluz “el aumento de personas beneficiarias de ayudas a la Dependencia en la provincia de Cádiz ha sido de 893, un total de 27.104. Y el incremento de prestaciones ha llegado a ser de 35.178, lo que supone casi 1.600 más”.

“Estas cifras son posibles gracias a la contribución de Andalucía al sostenimiento del actual sistema de financiación, con 1.509 millones de euros”, ha aclarado el delegado, “que han permitido que los pagos realizados en 2019 en la provincia de Cádiz hayan alcanzado los 163,6 millones”. A lo que ha añadido que “en la misma línea de compromiso con el bienestar de las personas dependientes, el aumento presupuestario en nuestra comunidad para 2020 es de 46,8 millones más”.

El responsable provincial ha explicado que “esta contribución de la región andaluza supone el 82% del coste del sistema de financiación, algo que incumple lo fijado en la Ley de Dependencia, que prevé un reparto del 50% por parte del Gobierno de España y el 50% por las comunidades autónomas”. Por ello y para fijar una serie de contenidos mínimos, ha recordado la propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Gobierno del pasado 10 de febrero. “El Gobierno central debe abordar y suscribir un pacto de Estado para proteger y garantizar el Sistema de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia”, ha señalado como el objetivo.

PACTO POR LA DEPENDENCIA

Andréu ha manifestado que, para poder establecer un sistema de financiación «sostenible en el tiempo y capaz de dar respuesta solvente al envejecimiento de la población con los niveles de la dependencia esperados, es fundamental la revisión de los cálculos recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia de España (2004), en los que se basó la redacción de la actual Ley de la Dependencia. La estimación que hacía el Libro para el año 2020 se alcanzó ya en el 2010”. 

Además de la financiación, el delegado ha destacado “la importancia de establecer recursos reales efectivos y evaluables que favorezcan la autonomía personal y la prevención de la dependencia, puesto que hasta el momento nuestro modelo ha sido asistencial”. 

Asimismo, ha indicado como necesaria “la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente cronificables, así como el reconocimiento en la cartera de servicios de prestación para la dependencia a las personas con discapacidad mayores de 65 años, con el fin de que no tengan que abandonar los recursos al cumplir dicha edad». 

El documento, ha explicado, plantea unificar y simplificar los distintos procedimientos, así como revisar la intensidad de protección de los servicios, «a fin de dar una respuesta real a las necesidades de las personas en situación de dependencia y de sus cuidadores». 

Por último, Miguel Andreú ha reforzado las palabras de la consejera Rocío Ruiz cuando ha referido que “debemos ser capaces de darnos la mano los partidos políticos, agentes sociales y organizaciones implicadas para elevar esta reclamación al Gobierno central, porque contribuir a que nuestra sociedad cada vez más envejecida, viva mejor, es un deber legal y moral para todos”.