Redacción | Chiclana.- La concejala Ana María Bertón ha comparecido hoy en rueda de prensa arropada por el presidente del Partido Popular, Andrés Núñez, y concejales como José Manuel Lechuga y Diego Rodríguez, para anunciar que ha presentado su renuncia al puesto de trabajo municipal al que había tenido acceso a través del programa de empleo 30+ de la Junta de Andalucía financiado con fondos de la Unión Europea.

Según sus palabras, “renuncio al trabajo al que había accedido cumpliendo todos los requisitos porque no quiero ser utilizada por José María Román y el PSOE como una cortina de humo para tapar el asunto de los al menos 22 contratos supuestamente ilegales que ha realizado en el Programa de Ayuda a la Contratación para la inclusión social”.

La concejala del Partido Popular indica que su incorporación, hecha efectiva hace una semana, en el programa de empleo 30+ era como técnica jurídica para un programa de certificación de calidad de productos locales dentro de la Delegación Municipal de Fomento. “Mi acceso ha sido legal, superando muchas trabas antes, durante y después de que me llamasen desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) diciéndome que mi perfil profesional cumplía todos los requisitos para que el Ayuntamiento me contratara. Desde el primer momento fui con la verdad por delante y dije que era concejala, pero se me dijo entonces que se han dado otros casos y que sea yo quien vea si es o no compatible”.

La edila popular resalta que “es el SAE el que me hace una oferta de trabajo; renunciar puede perjudicarme. Presento un escrito a final de mayo en el Ayuntamiento planteando el asunto, pues se me indica que sería para incorporarme el 22 de junio. Desde Personal me dicen que me contestan en 5 días, pero no lo hacen y el 13 de junio me llama el jefe de servicio. Me persono en Personal y me indican que soy la seleccionada para el puesto, pero que tengo que decidir si renuncio al puesto o a mi papel de concejala”.

Tras este hecho, “como no me fiaba, lo pido por escrito y planteo la posibilidad de hacer alegaciones. Entonces cambian de opinión y me dicen que nada, que traiga la documentación para contratarme. Pero tras recibir el escrito que solicito, digo que estoy a la espera de la respuesta a las alegaciones sobre la compatibilidad. Entonces se me indica que voy a ser contratada, pero que hay que dar cuenta al pleno”.

Esta circunstancia se dio “precisamente en una ausencia puntual durante el transcurso del último pleno, pues al reincorporarme veo al alcalde, José María Román, leyendo el decreto”.

Posteriormente, “tras notificarme la emisión del decreto, pongo un recurso de reposición, porque aún no se me ha resuelto lo solicitado en las alegaciones. Pido que se me resuelva antes de la firma del contrato, fijada finalmente para el 30 de junio. No resuelven y no lo han hecho a día de hoy, por lo que tengo que firmar el contrato sí o sí, pues de lo contario estaría renunciando al trabajo con graves perjuicios en el SAE”.

Este hecho, “al que me vi obligada para no sufrir las consecuencias de renunciar a un contrato laboral siendo desempleada, me lleva a incorporarme el lunes pasado como licenciada en Derecho para ejercer de técnica jurídica junto a un compañero. Tras llegar a nuestro puesto, ambos pedimos al delegado de Fomento que nos atendiera para plantear el trabajo, pero se nos dice que nos recibirá como cita únicamente. Hay una total desconfianza”.

Y en este contexto, se da la circunstancia de que desde el Partido Popular insisten en rueda de prensa sobre “la denuncia de las al menos 22 presuntas contrataciones ilegales en el Programa de Ayuda a la Contratación para la inclusión social, donde han trabajado más horas por menos salario, al estar contratadas las mujeres afectadas como peones de albañil pero trabajar como auxiliares administrativos. Un ataque contra los derechos laborales de las mujeres, que además no podrán justificar que han desempeñado su labor como auxiliares administrativos en el Ayuntamiento, algo que las perjudica y que va contra el espíritu de dicho programa de empleo”.

Este hecho es el desencadenante, según apunta Ana María Bertón, de que “el Gobierno local me utilice como pantalla, como cortina de humo, diciendo que soy concejala y cobro por asistir a un pleno, cuando es una compensación a la que tenemos derecho y así está recogido legalmente, y que también lo hago por el trabajo para el que he sido contratada”.

Ante esto, Bertón cuestiona “qué catadura moral tiene Cándida Verdier para hablar de mí, una mujer que pertenecía a un partido y se cambió por interés propio, una mujer que vive de la política, pues poco se conoce de su actividad como abogada; una mujer que ha utilizado medios de este Ayuntamiento, como denunciamos en su día, para realizar trabajos de abogada; y que ha cobrado dos sueldos sin ir a trabajar, porque lo hacía como concejala en la oposición y en la Diputación, donde no la conocían”.

Aún sin respuesta

La concejala del Partido Popular manifiesta que “aún estoy esperando que me resuelvan un recurso de reposición, mientras me han hecho pasar un calvario antes, durante y hasta ahora. No me van a usar para tapar las desvergüenzas de un gobierno sin rumbo, sin norte, que comete ilegalidades y que enchufa masivamente a su gente, mientras tenemos un PGOU suspendido, el centro de salud de Los Gallos no se abre y hay colas en Recaudación por los embargos a los que está sometiendo a los chiclaneros”.

Así, reitera que “renuncio al trabajo porque no quiero ser utilizada por un Gobierno sin catadura moral para el que no voy a ser chivo expiatorio. Prefiero sufrir las consecuencias en el SAE a y seguir luchando como concejal por que no se den estas situaciones, por los derechos de la ciudadanía. No soy política profesional, pues he trabajado desde 1988. No me sirvo de la política. Y que quede claro que no renuncio por incompatibilidad, porque además me ha contratado el Ayuntamiento porque cumplo todos los requisitos”.

De hecho, para defender su situación, la integrante del Partido Popular ha tirado de jurisprudencia y de situaciones ya acontecidas. “Hay precedentes en Sevilla, en Eusaki, en Canarias, en Toledo… al ser un plan de empleo especial no es de aplicación la Ley Electoral del año 1985, donde no estaban previstos estos programas de empleo temporales que paga la Unión Europea, porque yo no he cobrado dos sueldos del Ayuntamiento, otra cosa que hay que dejar clara. Ellos me contratan porque saben que es compatible, pero no me van a utilizar para perjudicar a mi partido mientras intentan ocultar una gestión municipal sin rumbo, desnortada”.

Finalmente, Ana María Bertón censura “la actitud de Adrián Sánchez, el deslegitimado delegado de Fomento, que me ha tratado con desconfianza como trabajadora municipal, aunque lo intolerable es que en redes sociales me haya insultado, vejado. Alguien como él que está por un sueldo en el Gobierno local, mientras ha dejado perder 30 millones de euros de fondos europeos para crear riqueza y empleo. Alguien que además engañó a los integrantes de su partido, Ganemos, no puede hablar de catadura moral”.

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