Redacción.- Hoy, 9 de febrero se ha desarrollado una manifestación en Cádiz, desde la Plaza de San Juan de Dios, hasta las puertas de la Subdelegación del Gobierno, donde la UP de CCOO, se ha sumado a la convocatoria de los compañeros de la factoría Airbus de Cádiz, para rechazar el procesamiento de los sindicalistas que participaron en la última huelga general en Getafe, y exigir la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, para mostrar su apoyo a todos los sindicalistas encausados.

Tres huelgas generales y 300 sindicalistas encausados. Numerosos juristas, partidos políticos y organizaciones sindicales denuncian que el Gobierno ha desempolvado el artículo franquista 315.3 del Código Penal para criminalizar y disuadir las protestas sociales. Nos encontramos ante una verdadera persecución política, a través de la que se intenta criminalizar a trabajadores y representantes sindicales por hacer uso de sus legítimos derechos constitucionales de huelga y de libertad sindical.


El derecho de huelga es un derecho amparado en nuestro Ordenamiento Constitucional, y, como tal, merece ser especialmente protegido cuando decide ejercerse. Por ello, tanto el ejercicio de la huelga como su manifestación pública, en sí mismos, no pueden ser nunca considerados, en un estado de derecho, como un comportamiento sospechoso de incurrir en prácticas delictivas. Tenemos que ganar esta batalla, por el futuro del sindicalismo de los trabajadores, del sindicalismo confederal, por la negociación colectiva, y para demostrar que la huelga no es delito, sino un instrumento que tenemos para la defensa de nuestros derechos laborales.

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