Opinión | Miguel A. Ruiz.- Una vez  más, desgraciadamente, nos encontramos con una polémica relacionada con los Tribunales de Justicia. En esta ocasión, con el más alto órgano judicial de nuestro país, el Tribunal Supremo.

Se trata de un asunto de extrema preocupación para la ciudadanía y que le afecta de manera directa, el pago de las hipotecas y la declaración de una cláusula en concreto como nula, evitando con ello, el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados por parte de los clientes. Es decir, que debería haber sido pagado por las entidades financieras.

Con respecto a la sentencia dictada la pasada semana he visto como ha sucedido lo mismo que vi en un bar de un pueblo de la provincia de Cádiz. Un alto cargo político estaba desayunando con el alcalde del pueblo y con varios acompañantes. Al terminar, este alto cargo dijo, en tono de broma, que el alcalde lo invitaría. Este, al verse en el compromiso, dijo que por supuesto y miró para atrás a sus concejales, los concejales miraron para atrás y, al final, ninguno pagó al hombre del bar.

Pues lo mismo sucedió aquí, el Tribunal Supremo dice que deben ser los bancos, éstos señalan que lo debe hacer Hacienda y, finalmente, ésta señala que es Hacienda pero de las Comunidades Autónomas. Al final, la casa sin barrer, sobre todo, porque se avisó por el alto tribunal que se iba a revisar la sentencia. Algo inaudito en nuestro país y que crea una inseguridad jurídica de límites insospechados.

Esta situación, evidentemente, encendió las redes sociales y los medios de comunicación con críticas al Poder Judicial. Incluso asociaciones de jueces y magistrados han pedido el corte de cabezas de por ello. No es una cuestión menor, el próximo día 5 de noviembre el Tribunal Supremo en su conjunto deberá fallar sobre el asunto. Yo en veinte años de experiencia profesional en ámbitos jurídicos no he visto nunca algo igual.

Pase lo que pase, la imagen de la Justicia se ha visto mermada. Tanto si la resolución definitiva caiga del lado de los bancos como si lo hace del de los consumidores. El simple hecho de intentar revisar una sentencia ya es motivo suficiente para que exista desconfianza por ambas partes.

Desde hace tiempo, he pedido la profesionalización de los altos cargos de la judicatura. Deben ser jueces profesionales por procedimiento de igualdad, mérito y capacidad los que dirijan el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo o el Constitucional. No deben tener control político en sus decisiones para que sean respetadas por todas partes. De esta forma, podrán gustar o no las resoluciones judiciales, pero, nadie podrá indicar que tienen un componente político detrás.

Para ello, la política debe ceder parte de su espacio y privilegios. Este tipo de cuestiones, los aforamientos u otros privilegios no casan con lo que pide la ciudadanía. Por eso, tanto la Constitución como las leyes fundamentales de nuestro estado necesitan de una modificación importante. Sin prisas pero sin pausas.

 

Espacio “Como el agua”

Miguel A. Ruiz

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