El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha impuesto dos sanciones a Hospitales Pascual por un importe total de 5,33 millones de euros (2.665.132 euros cada una) por “conductas anticompetitivas“, ya que durante tres años y medio “aplicó precios abusivos” por los servicios que prestaba al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Cádiz y Huelva.


FACUA Andalucía considera escandalosa la ínfima cuantía de las multas impuestas a Clínicas Pascual. El secretario general de FACUA Andalucía y portavoz de su asociación nacional, Rubén Sánchez, indica que “Susana Díaz debería dar explicaciones a los andaluces de lo que está ocurriendo con nuestra sanidad y con nuestro dinero“.

La federación critica que, año tras año, el Gobierno andaluz ha ido devaluando las prestaciones del sistema sanitario público en la comunidad autónoma y se ha arrojado en los brazos de empresas privadas, que en el caso de Clínicas Pascual ha cometido gravísimas irregularidades de forma irresponsable.

Las sanciones de Competencia se suma a la decisión adoptada el año pasado por la Consejería de Salud de no multar a Cínicas Pascual por haber captado, supuestamente, de manera fraudulenta a pacientes del SAS durante meses. Prácticas denunciadas por FACUA Andalucía y que provocaron la apertura de un expediente sancionador que finalmente se cerró. Las irregularidades se produjeron a través de una campaña publicitaria de Clínicas Pascual enmarcada en una estrategia de presión para lograr que el SAS volviese a firmar un concierto.

En su resolución, Competencia calcula de forma detallada que, en el periodo desde febrero de 2014 hasta junio de 2016, el beneficio ilícito obtenido por Clínicas Pascual fue de 164,1 millones de euros. El organismo no detalla el beneficio ilícito durante el año comprendido entre junio de 2016 y junio 2017, lo que en cualquier caso permite estimar que la cantidad defraudada supera los 200 millones de euros entre los años 2014 y 2017.

Las dos multas se imponen a la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A. tras considerarse acreditadas en la Resolución del Consejo las conductas de “abuso de explotación“, a través de la imposición de unos precios “notoriamente abusivos” al SAS en su facturación de los servicios prestados.

Según informa el Consejo de Defensa de la Competencia, Clínicas Pascual “trató de imponer condiciones excesivas” durante la negociación de los nuevos conciertos hospitalarios con el fin de “obstaculizar cualquier posible competencia“.

También imponía el “abuso de exclusión” al tratar de imponer determinadas exigencias en las negociaciones para celebrar nuevos conciertos con la intención de excluir a otros operadores que legítimamente podían prestar el servicio de asistencia sanitaria especializada sin puerta de urgencias y que, de hecho, habían sido contratados para ello. Así, José Manuel Pascual Pascual S.A. trataba, por una parte, de “expulsarlos o disminuir su cuota de mercado y, al mismo tiempo, incrementar la suya“.

Las sanciones son el resultado de una investigación abierta por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) el 15 de septiembre de 2016 a raíz de una denuncia por presunto abuso de posición de dominio presentada por el SAS.

Según el expediente resuelto por el organismo andaluz de competencia a lo largo de sus más de 15.000 folios de documentación, análisis y comprobaciones, la empresa Pascual “ha venido infringiendo la Ley” porque “la explotación abusiva de una posición dominante viene prohibida, tanto por el derecho de la competencia europeo, como por el ordenamiento jurídico español“.

En su opinión, la actuación de la entidad José Manuel Pascual Pascual habría respondido a una “doble estrategia” destinada a hacer del SAS un cliente “totalmente dependiente de sus servicios“, obstaculizando la competencia, así como a maximizar sus beneficios. En concreto, “la entidad sancionada, habría abusado de su posición dominante, de dos formas“.

Por una parte, aplicando “de forma unilateral” en su facturación al SAS, a partir del 1 de febrero de 2014, “unos precios excesivos que no guardarían relación con el valor de las prestaciones a retribuir“. En concreto, en los hospitales Virgen de las Montañas, Virgen del Camino, Santa María del Puerto, San Rafael y Blanca Paloma, con efectos en los mercados de prestación sanitaria especializada complementaria en las provincias de Cádiz y Huelva. Con esta conducta, “se habría visto perjudicado el SAS e indirectamente, las personas usuarias de la sanidad pública andaluza“.

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