El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, acompañado por el jefe de la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet, ha visitado esta mañana la Finca de San Federico de Chiclana, donde ha departido con empresarios del sector de la acuicultura. De Torre ha conocido la labor que allí se desarrolla y ha escuchado los problemas del sector, relacionadas en gran parte con la seguridad de sus instalaciones.
En este sentido, el subdelegado ha destacado la labor ejercida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y ha recordado también que la colaboración con las policías locales es “fundamental, ya que son ellos los que mejor pueden conocer los puntos donde se produce la venta ambulante de forma fraudulenta. Localizándolos, puede atacarse la venta de estas especies, porque no tienen la trazabilidad que garantice su calidad y la seguridad sanitaria para los consumidores. Para lograr los mejores resultados, es también primordial contar con el apoyo de la policía adscrita a la comunidad autónoma, a inspección pesquera y la Consejería de Medio Ambiente”.
Recuerda De Torre que hace ya año y medio que la Guardia Civil tiene activos los grupos Roca para robos en el campo, gracias al cual se ha producido una disminución de “más de un veinticinco por ciento en robos en instalaciones agrícolas, forestales y pecuarias. A pesar de ello, hay que seguir mejorando porque en este caso, las fincas tienen una gran amplitud y por ello muchas vías de acceso, por lo que es fundamental coordinar los esfuerzos en seguridad privada con los de los cuerpos de seguridad estatales”.
Apunta el subdelegado el gran trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se han traducido en “367 infracciones por ir contra la normativa pesquera y el marisqueo ilegal en estas instalaciones acuícolas, con la intervención de casi 900 kilos de pescado. Se han incautado cuatro trasmallos, treinta nasas y dos personas han sido detenidas. Aparte, debemos estar alertar y contar con la colaboración de las policías locales y el resto de intervinientes antes nombrados para evitar los robos y mantener además la seguridad sanitaria”.
Actividad económica
Las instalaciones visitadas por De Torre es una de las noventa de cultivos marinos que existen en la provincia, lo que corresponde prácticamente al sesenta por ciento de la actividad acuícola en Andalucía. Con la nueva ley no se permite construir en estos terrenos, permaneciendo así con las actividades existentes que, en posesión de sus titulares con la figura de servidumbre de protección, es la única manera sostenible de que se mantengan en buen estado evitando su abandono y deterioro con la consiguiente pérdida de valor medioambiental, cultural y económico, ya que esta actividad genera casi dos mil empleos”.
La superficie aproximada afectada es de 7.500 hectáreas, divididas entre los términos municipales de Sanlúcar, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Chiclana, San Fernando y Cádiz.
El subdelegado ha recordado también la importancia de la nueva Ley de Costas que sustituye a la de 1.988, con la que “vamos a tener la oportunidad de implementar medidas importantes para incrementar la actividad económica mediante la reforma de aquellas instalaciones que los empresarios crean que deben ser modificadas. En definitiva, para dar mayor rendimiento económico y permitir una mejora en la productividad de las explotaciones con un aumento además del plazo concesional. Esta Ley favorece la seguridad jurídica que no tenían tanto los salineros como este tipo de empresas de cultivos marinos”.
Inversiones Territoriales Integradas De Torre ha comentado a los empresarios las posibilidades que tienen para acogerse a las Inversiones Territoriales Integradas (ITI), “que contemplan, entre otras líneas de actuación medioambientales, innovación y desarrollo, y apoyo a las Pymes, y por lo tanto líneas que van a permitir que aquellas empresas que en este sector concretamente quieran desarrollarse encuentren la financiación necesaria”. “Se ha creado este programa ITI específico para nuestra provincia, muestra inequívoca del compromiso del Gobierno de España con Cádiz. Van a ser 1.300 millones, 900 de ellos aportados por el gobierno central, para que los empresarios gaditanos vuelvan a emprender y crear riqueza y puestos de trabajo, que es nuestro principal objetivo. Recuerdo que nuestra provincia tiene cerca de 57.000 empresas de las cuales 46.000 son Pymes y autónomos y 11.000 tiene más de tres trabajadores. La ITI, con esta línea de ayuda a las Pymes, intenta que los pequeños empresarios que peor lo pasaron en años pasados vuelvan a tener esa capacidad de emprender. Para ello, el gobierno siempre ha puesto todas las herramientas posibles a su disposición, salvando a muchos de la quiebra y el cierre con iniciativas como el pago a proveedores”, concluye De Torre.
