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La organización cobraba a cada víctima  alrededor de 6.000 euros por introducirlas ilegalmente en España, de manera que hasta que se producía el pago de la deuda las obligaban a prostituirse

 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades gaditanas de Algeciras y Los Barrios así como en el Aeropuerto Adolfo-Suárez Madrid-Barajas y Salamanca a 14 personas como presuntos autores de los  delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal e infracción a la Ley de Extranjería. Durante la fase de ejecución operativa se han realizado cuatro registros domiciliarios, produciéndose la desarticulación de  la estructura de colaboradores y controladores así como el desmantelamiento de los domicilios seguros empleados en la ciudad de Algeciras. Han sido rescatadas, en el Campo de Gibraltar, 14 víctimas que se encontraban en régimen de semiesclavitud.

La investigación se inició el pasado mes de julio cuando se  detectó en Algeciras a una persona que había sido engañada para venir a España ofreciéndole trabajo como camarera y que finalmente fue obligada a prostituirse en contra de su voluntad bajo control de los miembros de una organización. Los explotadores exigían a la víctima de forma violenta  el pago de una supuesta deuda adquirida con la organización criminal, siendo privada de su libertad y recluida en la casa de prostitución hasta que pudo escapar en un descuido. 

Las primeras pesquisas realizadas permitieron descubrir la existencia de una organización criminal con base en Colombia y España con una amplia   infraestructura para la realización de actividades dedicadas a la trata de seres humanos y explotación sexual, así como el tráfico de drogas a media escala.  Las víctimas eran captadas y engañadas con distintos pretextos para venir hasta España bajo la promesa de obtener trabajo, de manera que una vez en Algeciras tras facilitar su traslado desde Colombia eran obligadas a prostituirse en dos casas controladas y explotadas por los delincuentes. 

El entramado de la organización en España tenía la misión de recoger a las víctimas a su llegada por vía aérea a territorio español. Estas mujeres eran previamente captadas en Colombia en zonas de bajo nivel socioeconómico, con un perfil de vulnerabilidad muy alto que hacía que su precaria situación les hiciera aceptar las propuestas de trabajo en busca de una vida mejor. Posteriormente eran trasladadas a pisos de seguridad con que contaba la organización criminal en la localidad de Algeciras y Los Barrios, para someterlas a amenazas y violencia sobre su persona o familiares en el país de origen, hasta lograr vencer su negativa a prostituirse y que satisficieran una supuesta deuda adquirida por el pago del viaje.  

Les cobraban 6.000 euros por introducirlas ilegalmente en España

La organización cobraba a cada víctima  alrededor de 6.000 euros por introducirlas ilegalmente en España, de manera que hasta que se producía el pago de la deuda las obligaban a prostituirse. Las mujeres debían de estar disponibles las 24 horas del día, sin que durante ese período recibiesen cantidad alguna por los servicios sexuales realizados y sin poder negarse a las prácticas demandadas.

La red criminal llevaba a cabo un férreo control sobre las víctimas, estando permanentemente controladas con cámaras y vigiladas por miembros de la organización, que así mismo accedían a los teléfonos y redes sociales de las mismas, para dificultar el que pudiesen denunciar los abusos y hechos criminales de los que eran objeto.  

Fruto de las intensas vigilancias, los investigadores consiguen identificar a los responsables de la  misma, así como localizar los domicilios ubicados en las localidades de Algeciras y Guadacorte en Los Barrios, donde retenían a las 14 víctimas obligándolas a prostituirse así como donde se alojaban los principales miembros de la organización.

Los principales organizadores llevaban un elevado nivel de vida a cuenta de los importantes beneficios obtenidos de la explotación sexual de las víctimas así como por la venta de sustancias estupefacientes a los clientes, de manera que durante los registros practicados se produjo la incautación de cerca de 97.000 euros, sustancias estupefacientes y varios vehículos de alta gama.

Una vez finalizado el atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición judicial decretándose el ingreso en prisión provisional para cuatro de ellos.