Redacción | Provincia.- La diputada provincial socialista encargada del área de Bienestar Social, Isabel Armario, ha calificado de “indecente” las continuas mermas que el PP ha ejercido sobre la Ley de Dependencia que legaron de los anteriores Gobiernos del PSOE. Así pues, debido a esta situación la diputada defenderá en el próximo pleno ordinario del Ente provincial una moción en la que se pedirá que “el Gobierno  central promueva un consenso político, institucional, profesional y ciudadano con el fin de alcanzar un Pacto de Estado con el que sostener los derechos reconocidos en el Ley de Dependencia tal y como estos fueron concebidos”.

Así pues, para que todo esto pueda convertirse en una “realidad necesaria”, como ha expresado Armario, es imprescindible, según ella, que “se modifique el presente sistema de financiación con objeto de garantizar el cumplimiento del compromiso que se estableció en su origen, por tanto, el Estado deberá asumir el 50% de esa financiación y el otro 50% las comunidades autónomas”.  En este mismo sentido, ha añadido a lo anterior que para “ser verdaderamente justos habría que reponer el nivel acordado, así como devolver a las familias el 15% de pérdida de las prestaciones económicas por cuidado de un familiar desde el ejercicio 2012 al 2016”.


En cuanto a otro aspecto importante para los socialistas como es el cargo en la Seguridad Social de los cuidadores y cuidadoras ha dicho Armario que “exigiremos que este cargo sea asumido de manera directa por la Administración General del Estado”. Después de haber expuesto esta serie de medidas, la diputada del PSOE ha aseverado que “España cuenta con una Ley de Dependencia que fue aprobada gracias al compromiso y el acuerdo de las diferentes fuerzas políticas parlamentarias, con la participación de las comunidades autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo, por lo que debemos protegerla con todas las garantías objeto principal para fortalecer a España como Estado de bienestar”.

Dicho esto, para la diputada de Bienestar Social es importante reconocer que la “Ley de Dependencia ha traído consigo un derecho subjetivo de las personas que no pueden valerse por sí mismas y eso les lleva a ser atendidas por los poderes públicos de una manera universal y con todas las garantías públicas”. Ha querido completar esta afirmación diciendo que “es necesaria la colaboración entre administraciones implicadas ya que se creo para tal fin el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cuyo calendario de implantación hubiese culminado en 2015”. Pero como bien ha asegurado Armario “hasta noviembre de 2011 el Sistema se estuvo implantando sobre lo previsto y un total de 80,7% de personas beneficiarias encuestadas consideraba positiva o muy positiva la atención, algo que comenzó a dar decaer cuando en diciembre de 2011el recién estrenado, por entonces, Gobierno de Rajoy decidió paralizar el calendario impidiendo, durante tres años consecutivos, a personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio”.

A pesar de todo en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se eliminó la partida para el nivel acordado, algo que ocurrió también en los sucesivos ejercicios hasta el actual. Aunque estas mermas han hecho que el Estado haya resuelto que las comunidades autónomas establezcan una mayor participación del beneficiario en el coste del servicio, sin embargo, Andalucía se ha negado a acogerse a la mencionada resolución. Andalucía es, además, líder en la aplicación de la Ley de Dependencia con 178.687 personas beneficiarias “mantiene así un mes más casi el 22% del total nacional de personas en situación de dependencia, en resumen, desde la entrada en vigor de esa Ley  en 2007 se han atendido a más de 344.000 personas en Andalucía y se han concedido 454.000 prestaciones”, ha recordado Armario.

En definitiva, ha dicho la diputada “mientras el Gobierno andaluz mantiene sus compromiso con una inversión que alcanzó el pasado año los 1.131 millones de euros en este ejercicio se incrementa en 2,5% hasta alcanzar los 1.160 millones de euros”. “Frente a estas políticas de garantía”, ha concluido Armario, “el Gobierno de Rajoy ha reducido el contenido esencial del derecho y ha realizado recortes presupuestarios y es por ello que resulta vital la necesidad de reformular el sistema en aras de blindar la Ley de Dependencia con un gran Pacto de Estado”.

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