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Durante los últimos años este tipo de delitos, cuyo objeto es la obtención de cobre, habían creado una gran alarma social, consiguiendo con las operaciones policiales realizadas  una gran disminución de este tipo de modalidad delictiva

 

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntos autores del robo con fuerza de 5.800 kilos de cobre sustraído del interior de las instalaciones de una empresa ubicada en Puerto Real. El metal sustraído esta valorado en más de 180.000 euros pero los daños ocasionados sobrepasan el 1.000.000 €. El último detenido, es el dueño de una chatarrería de Jerez de la Frontera, que les compraba el cobre sustraído, a pesar de conocer el origen ilícito del mismo. 

La investigación se inicio tras las denuncias recibidas durante el año 2019  y fruto de las gestiones realizadas se ha podido asociar la venta del cable de cobre con varias chatarrerías de la zona de la Bahía de Cádiz, así como la identificación de los autores del robo del material sustraído para posteriormente poder proceder a su detención.  

La investigación ha sido realizada por el  Grupo de Delincuencia Urbana II de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Puerto Real, así como  la colaboración con otros cuerpos policiales se ha conseguido esclarecer este hecho delictivo. 

Plan Operativo de Respuesta Policial al Robo de cable de cobre

El origen de la actividad está en la gran demanda de cobre existente en naciones emergentes, principalmente en Asia, que están sufriendo un rápido proceso de industrialización que requiere de la construcción de nuevas infraestructuras y vías de comunicación. Todo ello ha ocasionado un repunte del precio del cobre en los últimos años que indudablemente ha repercutido en el aumento de las actividades delictivas en este ámbito, cuyas tipologías principales son los hurtos y robos con fuerza de hilo de cobre y algunos otros elementos en infraestructuras y en obras en construcción.

La Secretaria de Estado de Seguridad implantó en  2015 el denominado “Plan Cobre” para prevenir el robo de cobre y evitar la aparición y consolidación de grupos organizados en actividades ilícitas relacionadas con el cobre.  Por todo ello se ha mejorado la capacidad de respuesta policial ante este problema, evitando con ello graves repercusiones tanto económicas como en la prestación de los servicios públicos para la sociedad en general por el elevado coste económico que conlleva la sustitución de los materiales robados y las reparaciones por los daños causados.