Redacción.- El 94% de los gaditanos que recibieron herencias en 2015 quedaron exentos de abonar el Impuesto de Sucesiones, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria de Andalucía. Por tanto, del total de 38.924 autoliquidaciones presentadas en la provincia, 36.700 herederos no abonaron nada y 2.224 tuvieron que pagar.
En el conjunto de Andalucía, sólo un 7% de las autoliquidaciones presentadas obligaron al pago, esto es, de los 267.553 andaluces que presentaron la declaración del Impuesto sobre Sucesiones, 248.066 no tuvieron que pagar nada por heredar y únicamente 19.487 salieron a abonar, que se corresponden a las rentas y patrimonios más elevados. En el caso específico de herencias de padres a hijos, sólo un 3% tuvo que pagar por su herencia.
En los supuestos de renuncia a la herencia, el principal motivo aducido fue que el bien heredado tenía cargas hipotecarias o deudas elevadas que el heredero no estaba en condiciones o prefería no asumir. Es decir, que las deudas de la herencia eran mayores que los beneficios.
Respecto a la movilidad entre comunidades autónomas y provincias, los datos ponen de manifiesto que obedece a motivos laborales y no a la presión fiscal. Así en 2014, los contribuyentes andaluces que cambiaron de domicilio en los dos años previos a la tributación por el Impuestos sobre Sucesiones fueron un 0,11%, en concreto 81 personas. De ellas, sólo 17 personas trasladaron su domicilio a Madrid.
Las oficinas de Cádiz en las que se presentaron declaraciones de herencia en las que resultó alguna cantidad a pagar fueron la Gerencia Provincial de Cádiz (366 autoliquidaciones), U.T. de Jerez de la Frontera (425) y las oficinas liquidadoras de El Puerto de Santa María (204), Sanlúcar de Barrameda (173), Algeciras (169), San Roque (158), San Fernando (146), Chiclana de la Frontera (143), Arcos de la Frontera (136), Barbate (112), Olvera (72), Ubrique (62) y Medina-Sidonia (56).
Sucesiones es un impuesto ligado al sistema de financiación autonómica, que el Estado cedió a las comunidades autónomas como parte del modelo para que financiaran la educación y la sanidad. De ahí que el Gobierno andaluz considere que no puede eliminarse el impuesto sin disponer de otra fuente alternativa de recursos y sin reformar el modelo de financiación autonómica que perjudica a Andalucía, porque sería una medida que sólo beneficiaría a los más ricos.
Dado que se trata de un impuesto estatal cedido a las comunidades, el Gobierno central ha dispuesto de cuatro años de legislatura para plantear su eliminación y aprobarla utilizando la mayoría absoluta que tenía en el Congreso de los Diputados.
No obstante, la Junta de Andalucía, en virtud del compromiso de investidura de la presidenta Susana Díaz, está abordando un análisis del impuesto que permita reformarlo y mejorar su progresividad para corregir el error de salto y proteger a las clases medias y trabajadoras.
