sanzEl delegado del Gobierno en Andalucia, Antonio Sanz, ha informado hoy que en el primer trimestre de 2016 estará operativo el nuevo protocolo de valoración de riesgo de las mujeres víctimas de violencia de género, en el que se ha introducido una profunda reforma que permite “adaptar el sistema a los cambios sociales, simplificar el uso policial del formulario e individualizar mejor el nivel de riesgo”, según ha dicho.

La nueva herramienta de valoración, que estará en periodo de pruebas durante seis meses y se ha realizado en colaboración con un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad (ICFS) de la Universidad Autónoma de Madrid, contará con 39 indicadores en vez de los 16 que se contemplan en el protocolo policial actual.

Según ha explicado Sanz, entre los nuevos indicadores se incluyen “factores asociados a las conductas del agresor, a las características individuales de la víctima, a la evaluación de la evolución del riesgo -si la mujer ha iniciado una nueva relación sentimental, tiene menores a su cargo o está en trámites de separación- y a  la situación laboral de la víctima y del agresor”.

Sanz ha dado a conocer los detalles del nuevo protocolo, que constituye una importante herramienta para la red de seguimiento integral Viogen, durante una rueda de prensa ofrecida para evaluar las iniciativas adoptadas por el Gobierno de España en la lucha contra la violencia de género durante la legislatura.

Nuevo coordinador en Andalucía

El delegado ha estado acompañado del nuevo coordinador de Violencia de Género en Andalucía, Joaquín Pérez de la Peña, que hasta el momento era el responsable del Servicio de Atención a la Familia del CNP en Sevilla y cuyo nombramiento, en palabras del delegado, “contribuirá a seguir avanzando en la protección policial de las víctimas, la prevención y la coordinación” frente a esta lacra social.

Sanz ha destacado que el Gobierno ha impulsado un importante paquete de medidas legislativas para apoyar a las víctimas y a sus hijos, al tiempo que se ha hecho un gran esfuerzo de mejora de la coordinación entre administraciones en la lucha común contra la violencia de género, que es “un asunto de Estado” y que desde el año 2003 ha costado la vida a  162 mujeres en Andalucía. En lo que va de año han sido 7 las mujeres que han muerto por violencia de género en la Comunidad Autónoma y 29 en España.

Entre las medidas legislativas impulsadas destacan la modificación del Código Penal, que mejora la protección de las víctimas, la ampliación de las competencias y la jurisdicción de los juzgados especializados y la entrada en vigor, el próximo octubre, del Estatuto de la Víctima del delito.

Según el delegado, uno de los avances fundamentales de la legislatura es que “los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género quedan reconocidos, por primera vez, como víctimas directas de la violencia de género” mediante las modificaciones introducidas en la ley Integral contra la Violencia de Genero a través de la Ley Orgánica  8/2015, ya en vigor.

Sanz igualmente ha informado del apoyo que el presta el Estado para reforzar las políticas  de asistencia a víctimas y menores y prevención de la violencia de género en Andalucía, que ha recibido más de 5,8 millones de euros en esta legislatura.

Datos estadísticos

El número de casos activos en el sistema de seguimiento integral Viogen en Andalucía asciende en la actualidad a 13.774, de los que 4.833 cuentan con protección policial activa (datos a 31 de julio). El servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género (ATENPRO) ha atendido en Andalucía 2.452 llamadas, mientras que el número de dispositivos electrónicos en funcionamiento es de 218.

Sanz ha destacado que en 2014 se produjeron en Andalucía 27.452 denuncias por violencia de genero (un 21,6 por ciento del total en España) y un total de 9.141 mujeres percibieron la renta activa de inserción.

Por otra parte, a 31 de marzo de este año se habían incoado 1.931 órdenes de protección en Andalucía (un 23% del total nacional) de las que se adoptaron 1.127  y se denegaron 804 .

En Andalucía se han realizado 92.026 llamadas a 016 desde que se creó el servicio en el año 2007, de las que 66.051 hizo la propia víctima, 23.523 fueron de allegados y el resto por otros 2.452 lo que, a juicio del delegado, revela “la importancia de la colaboración ciudadana”.

Papel de los cuerpos especializados

El delegado del Gobierno ha agradecido el trabajo de los cuerpos especializados de Policía Nacional, Guardia Civil y, cada vez con mayor coordinación, las diferentes policías locales, en la protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

Actualmente hay en Andalucía en torno a medio millar de agentes de las FFCC específicamente dedicados a la atención de mujeres y menores víctimas de violencia de género, destinados en el Servicio de Atención a la Familia (SAF) la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección del Cuerpo Nacional de Policía (UPAD) y los equipos especializados de Mujer y Menores (Emume) de la Guardia Civil.

El delegado ha explicado que “se sigue avanzando” en la constitución de las nuevas Unidades de Familia y Mujer de la Policía Nacional, que  refunde el SAF y la UPAD y que “hace que, por primera vez en nuestro país, se aglutinen bajo la dirección de un mismo órgano policial la investigación y la protección de las mujeres”.

Finalmente, Sanz ha anunciado que “se está ultimando” material didáctico que estará a disposición de los centros educativos y se va a intensificar la formación a los agentes implicados en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar.

Durante el curso 2014-2015 se han impartieron 13.232 charlas informativas tanto al alumnado (6.893) como al personal docente (6.339), mientras que el número de actuaciones desarrolladas con las asociaciones de padres y madres ha ascendido a 821, lo que supone casi el doble que el curso anterior (445).

Ocho de cada diez alumnos de primaria y secundaria solicitaron ser informados sobre redes sociales y el uso de internet (un 44 por ciento), acoso escolar (26,6%) y violencia sobre la mujer (12%), mientras que un 16% se decantó por drogas y alcohol.