Teófila Martínez y Ana Mestre

La parlamentaria andaluza, Ana Mestre, ha exigido al gobierno de Susana Díaz que de manera inminente, apruebe y ponga en marcha un Plan Plurianual para hacer frente a la situación de los centros educativos con altas temperaturas en la provincia de Cádiz reclamando “celeridad, compromiso y responsabilidad”. Por ello, Mestre ha anunciado que el PP reclamará, a través de mociones en todos los ayuntamientos de la provincia, que se lleve a cabo “cuanto antes” porque “sea invierno o verano, las familias están hartas de reclamar calefacción y aire acondicionado”.

Mestre considera necesario aplicar dicho plan al ser “numerosas” el número de denuncias que “recibimos de las comunidades educativas de la provincia a raíz de las altas temperaturas que se están sufriendo en los centros educativos de la provincia en verano y el frío en invierno, que no están preparados ni adecuados para combatirlas, como estamos viendo como los padres y madres de alumnos de centros educativos de Cádiz, Jerez, Los Barrios, Puerto Real o San Fernando, se llevan las manos a la cabeza cuando le piden a sus hijos que se lleven ventiladores o son las propias AMPAS las que hacen frente a la compra de estos aparatos, mientras que vemos en la época invernal a niños y niñas con abrigos y bufandas en las clases”.

Por otra parte, Mestre considera que “el gobierno de Susana Díaz vuelve a fallar a los gaditanos a la hora de aplicar el actual plan de choque para los centros educativos de la provincia que se aprobó en 2017”, calificado como “precario y ridículo” al llevarse a cabo sólo en 12 de las 156 intervenciones”. Así, la parlamentaria popular ha explicado que sólo se han llevado acciones “en Jerez de la Frontera (en cinco centros educativos), en Jimena (tres centros), Medina (dos centros), Ubrique y Bornos (una acción en cada centro)”.

La dirigente popular recuerda que “mientras trabajamos por una Ley de Bioclimatización en condiciones, los dos años que se ha llevado a cabo este plan de choque, la provincia de Cádiz sólo ha recibido cinco actuaciones en el verano de 2017 y doce este año”, calificando de “discriminación y falta de respeto a los gaditanos” la actuación del gobierno socialista con la provincia.

Mestre ha indicado que “estas actuaciones no han sido completas ya que, por ejemplo, en Medina, de las 14 aulas, sólo se han llevado a cabo actuaciones en siete aulas, al igual que ha ocurrido en el resto de centros que se han podido beneficiar, por decirlo de alguna manera, de este plan de choque”. Por ello, quiere saber “qué criterios se han seguido para beneficiar a unos centros si y a otros no”, además de conocer cuándo va a acabar este plan de choque, porque al ritmo que llevan pueden pasar 80 años para cumplimentar el 100% de los centros educativos”.

Para Mestre, “lo que hay detrás de toda esta ineficacia e irresponsabilidad del gobierno de Susana Díaz, es una falta de inversión, presupuesto, organización y sensibilidad por la educación gaditana”.

Por su parte, la diputada nacional, Teófila Martínez, ha acusado al PSOE de ser “el único responsable de la situación que sufre la educación en Andalucía al ser, únicamente, leyes socialistas del Estado las que se han aplicado en nuestra comunidad autónoma”.

Así, Martínez ha lamentado que “desde que Chaves anunció en el año 2000 que íbamos a ser como Finlandia, 18 años después en las aulas de los centros educativos de Andalucía los niños y niñas pasan frío y calor en sus clases”. Por ello, considera que “lo que hace el PSOE es tirar y manejar el dinero a su antojo”.
Martínez ha criticado que “el PSOE no invierte en Andalucía el 5% del PIB de la comunidad que puso como requisito Sánchez al gobierno del PP para romper el Pacto por la Educación en el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo”, calificándolo de “hipócrita” y poniendo como ejemplo que “exigen la eficiencia energética para todas las construcciones residenciales pero no para los centros educativos”.

Por ello, la diputad nacional considera que “el PSOE no tiene ningún interés en ampliar la financiación de la Educación a nivel nacional al 5% del PIB, como exigían al gobierno de Rajoy”. Además, reclama que las transferencias del Estado tienen que ser finalistas para Educación, y no incluida dentro de un bloque con las Políticas Sociales y Sanidad, porque “no se puede consentir que los ciudadanos de una comunidad autónoma no sepamos lo que se invierte hasta que termina el curso”.

Con todo ello, Martínez entiende que “si seguimos así, nadie podrá ver, a corto plazo, un sistema educativo en el que los españoles seamos iguales, porque la izquierda no quiere llegar a un consenso, en materia educativa, porque prefiere que las cosas sigan como están”.

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