El PSOE confía en que el Gobierno reaccione ante la exposición que han hecho los trabajadores de la Base

Alconchel recuerda que el Ejecutivo tiene que cumplir el mandato del Congreso para intervenir ante la pérdida de empleo y el recrudecimiento de sus condiciones laborales
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Redacción | Rota.- La diputada por la provincia de Cádiz, Miriam Alconchel, confía que el Gobierno reaccione ante la comparecencia de Rafael Chacón Pozo, secretario del comité de establecimiento del personal laboral al servicio de las Fuerzas Armadas de los EEUU en España, que se ha producido esta mañana en el Congreso y en este sentido, ha recordado que el Ejecutivo central tiene ya un mandato de la cámara baja para que intervenga ante los excesos laborales que las empresas concesionarias estadounidenses están cometiendo dentro de la Base militar de Rota.

Alconchel que ha tendido de nuevo la mano al comité de empresa para ser vehículo de sus reclamaciones, ha explicado que “es la tercera vez que abordamos la problemática, dos veces en forma de PNL que ha traído el Grupo Socialista y ahora con su comparecencia, además de las baterías de preguntas que hemos ido presentando sin que el Gobierno se haya inmutado”.

Sostiene la diputada que en esa última proposición no de ley presentada por el PSOE que se debatió el día 26 de septiembre “se aprobaron prácticamente por unanimidad todas las reivindicaciones planteadas por los trabajadores españoles de Louis Berger frente al conflicto mantenido con la empresa, coincidiendo con el amplio apoyo político y social conseguido por los trabajadores en Rota, con su alcalde al frente”.

La portavoz adjunta de Defensa ha insistido en que “desde el PSOE hemos venido exigiendo que se respete su derecho a la negociación colectiva, para que puedan negociar como cualquier trabajador sus jornadas, dietas y salarios, ya que son personal laboral del Ministerio de Defensa”. “No tiene sentido esta discriminación derivada del anejo 8 que limita ese derecho a lo que previamente negocien ambos países, y que finalmente se traduce en que los trabajadores quedan en manos de las decisiones que adopta EEUU”, apunta.

“Estamos aún esperando que el Gobierno de España defienda un derecho constitucional que les ampara, porque la Constitución es de mayor rango que cualquier convenio bilateral firmado con EEUU”, ha advertido, recordando que también se han remitido escritos al Ministerio de Defensa denunciando el continuo incumplimiento del convenio bilateral por parte de la Administración Norteamericana.

Tal y como ha explicado la diputada por esta provincia, el grupo socialista ha preguntado en junio de este año al gobierno qué actuaciones está llevando el Ministerio de Defensa ante el incumplimiento de la ratio, así como si ha hecho uso del derecho que le asiste a realizar una inspección respecto de la efectiva ocupación de las plantillas norteamericanas y españolas, de acuerdo con el punto 4.6 del Anejo 8 y la relación entre las plantillas civiles españolas y norteamericanas.

Alconchel ha dado a conocer la respuesta del Gobierno que “niega la mayor, dice que en ningún momento se incumplen los porcentajes y también dice que respecto a la inspección sobre la efectiva ocupación de las plantillas el artículo 4.6 del convenio habla de potestad para realizarla, y que como no es algo imperativo, sino facultativo, ha decidido no realizar ninguna inspección porque considera que no existe constancia del incumplimiento”.

“El Gobierno sigue impasible a pesar de que todo esto está yendo a más con la externalización de servicios que está llevando a cabo la marina norteamericana. Se están adjudicando servicios esenciales a empresas, la mayoría multinacionales extranjeras, que en muchos casos vienen con su propio personal y con el único objetivo de no bajar su beneficio empresarial”, ha lamentado, poniendo de ejemplo “lo que estamos viendo con el servicio de asistencia del aeropuerto (despidos, suspensión de la negociación colectiva, amenazas de nuevos despidos si no se aceptan las condiciones laborales más perjudiciales para los trabajadores, campañas para desacreditarlos, etc.), con los despidos de personal de cafetería o con la externalización del servicio de transporte de tripulaciones”.

En su intervención, Alconchel ha recriminado al Gobierno “no solo que no intervenga ante la progresiva pérdida de empleos en la Base sino que para colmo tampoco haya reaccionado cuando se declararon los despidos improcedentes de la empresa Louis Berger”.

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