En esta semana se han producido dos hechos que me han hecho pensar en la efectividad de las políticas de Consumo en nuestro país. No es que lo haya descubierto como novedad ni que me haya caído de la cama de pronto. Ha sido la constatación de lo que se viene produciendo desde hace muchísimo tiempo por la dejadez de quienes tienen que tomar las medidas.

En primer lugar nos encontramos con el famoso “Black Friday”. Unas rebajas que no gozan del control por parte de las administraciones públicas con competencia en materia de Consumo. A través de redes sociales o por estudios privados se ha podido constatar que, en algunos casos, se han producido incrementos de precios previos al día (o días) de los descuentos. ¿Dónde han estado las inspecciones de Consumo? ¿Cuántas se han realizado con carácter previo y durante estos descuentos? Les adelanto que ninguna, que no ha habido ningún tipo de control porque de antemano se sabía qué tipo de establecimientos iban a incumplir la normativa y, de hecho, lo han hecho.


Se trata por tanto de una inactividad que perjudica claramente al consumidor en su decisión a la hora de comprar. Ahora bien, no se puede generalizar como lo hacen algunos en cuanto al fraude. Sólo lo comete el 1% de los empresarios y no es justo salir en las televisiones o en los diferentes medios de comunicación criminalizando al sector comercial en su conjunto cuando a muchos comerciantes el “Black Friday” le ha venido de perlas para remontar en los números de su establecimiento

El otro de los asuntos es la multa a Iberdrola de la CNMC que ha decidido aplicarle 25 millones de euros que esta compañía estará encantada de pagar porque les aseguro que ha ganado mucho más con la presunta vulneración de derechos que ha realizado según este órgano del Gobierno.

Esta es la constatación de que el mercado libre de la electricidad es un auténtico fiasco y error. No se puede dejar el precio de un bien esencial, como lo es la electricidad en la vida de los consumidores, en manos de las empresas porque estas intentan sacar el máximo beneficio económico y eso a la larga se paga por los mismos de siempre.

El 20 de diciembre tiene que haber un cambio importante en esto que les digo. No debe ser rentable incumplir la ley y debe haber un control severo de las inspecciones de Consumo en defensa de los consumidores y de los empresarios que cumplen con sus obligaciones legales. Para ello, tiene que volverse al Instituto Nacional de Consumo con competencias importantes y con unas directrices claras y directas hacia las Comunidades Autónomas.

Todo esto se ha perdido en estos años y va a costar recuperarlo. Para empezar hay que tener ganas de recuperarlo.

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