Redacción | Cádiz.- El concejal del Grupo Municipal Popular, José Blas Fernández, ha señalado hoy ante el rechazo por parte de la Junta de Gobierno Local del acuerdo plenario del pasado viernes en el que se aprobaron las enmiendas a los Presupuestos de 2016 que “esta decisión de hoy es el mayor desprecio a la soberanía del Pleno que se haya podido realizar en esta ciudad”. Fernández indicó que, “además de la aberración jurídica que supone invalidar un acuerdo plenario desde un órgano de rango inferior, algo que tiene lógicamente consecuencias legales, es la mayor evidencia del respeto que tiene Podemos por la democracia y la voluntad de los gaditanos”.

Fernández señaló que “es inaudito que un acuerdo plenario tomado hace tres días haya sido tirado a la basura por el ejecutivo en base a un proceso de ingeniería jurídica de un encaje más que dudoso. Cuando el gobierno invalida un acuerdo de la asamblea tiene un nombre y desde luego no está relacionado ni con la participación, ni con la democracia ni con nada parecido. Esto solo se practica en regímenes totalitarios donde el gobierno no asume que la asamblea de ciudadanos que es el pleno es soberana. Por eso luego en esta ciudad tenemos capítulos como los vividos el pasado viernes: quien tiene que hacer respetar al Pleno lo vapulea sin miramientos y le falta al respeto. Todo lo que se montó el viernes fue una farsa para tomar luego una decisión sectaria y contraria a ley”.


“Se realiza conociendo una sentencia del constitucional en contra”

El concejal popular indicó que “además de este desprecio al Pleno de invalidar el acuerdo de admisión de las alegaciones y enmiendas, la aprobación definitiva del Presupuesto por la Junta de Gobierno Local, sea con o sin reajustes, es contraria a ley en virtud de la sentencia del constitucional de 6 de junio que admite el recurso de la Junta de Andalucía. La argucia de aprobarlo hoy 4 de julio, esgrimiendo que aún no se ha publicado dicha sentencia en el BOE no tiene fundamento jurídico alguno, porque la Junta de Gobierno Local, compuesta por los concejales de gobierno conocen taxativamente esa sentencia, se advirtió precisamente en el Pleno y yo personalmente lo advertí para que constara en acta”.

El concejal Fernández indicó que “no solo tienen mi advertencia en una sesión del Pleno de la ciudad, algo que todo el mundo puede entender que es oficial, sino que desde el 29 de junio el texto de la sentencia (que es del 6 de este mes) está publicado en la web oficial del Tribunal Constitucional (se adjunta captura de la web http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Paginas/default.aspx.  Conocen la sentencia del constitucional porque está publicada en la web oficial del tribunal y porque constó en acta en el pleno del viernes: aprobar el presupuesto ahora en Junta de Gobierno a sabiendas que no pueden tiene un nombre. Si posteriormente algún Tribunal de Justicia anula todo el proceso que no se escuden en que no se les deja hacer nada en favor de pueblo de Cádiz, y sobre todo esperamos que los técnicos tengan hechas las advertencias legales para salvar su responsabilidad, ya que en la última Comisión de Presidencia se dijo que era una aprobación provisional porque el Pleno tenía la última palabra. Volvemos a insistir que a sabiendas han conculcado la legalidad vigente y la capacidad de obrar el órgano supremo que es el pleno”.

El fondo de la cuestión.

Fernández señaló que el proceso de aprobación de presupuesto municipal ha sido “el mejor ejemplo de la incapacidad de un equipo de Gobierno que no tiene la menor idea de lo que maneja. Estar meses hablando de la importancia de tener unos presupuestos para la ciudad y aprobarlos en última instancia invalidando un acuerdo plenario que les obliga a admitir las enmiendas es una locura. Pero lo peor es que dan validez a unas cuentas que son falsas y ese es el fondo de la cuestión”.

El concejal popular concluyó indicando que “están engañando a los gaditanos y a todo el mundo dando por bueno que ingresará más de 17 millones de euros de los que ocho, los que se suponen que proceden de la Junta, saben perfectamente que no los van a ingresar, y otros tantos, los de la enajenación del Estadio supeditados a que a David Navarro le salga un cuento de la lechera que ya está al límite del plazo porque es un proceso que comporta al menos cinco meses”.

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