Redacción.- FACUA-Consumidores en Acción considera indignante la defensa que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace en su informe de posición de las gasolineras desatendidas. Con el supuesto objetivo de defender la competencia, la CNMC aprovecha para promover la desprotección de los consumidores y la rebaja de los niveles de seguridad y del empleo.
La asociación critica los argumentos falaces usados por Competencia en su análisis: dice que disponer de hojas de reclamaciones y de guantes y papel de un solo uso son “un coste administrativo desproporcionado” para las gasolineras. Igualmente considera que el derecho del consumidor de comprobar in situ y en el momento la medida del carburante suministrado es un derecho prescindible.
FACUA ve indignante que la CNMC fomente la competencia a costa de arremeter contra los elementos más básicos de protección de los consumidores, y especialmente de aquellos colectivos más vulnerables como las personas con discapacidad.
La asociación considera preocupante, además, que con los niveles de desempleo que hay en España, la CNMC no valore el impacto que el cambio de modelo tendría en el empleo en el sector y abogue por una competencia ficticia construida sobre mayor desempleo y menos derechos de los consumidores.
La caída del precio, argumento artificioso
La defensa de las estaciones desatendidas que realiza la CNMC en su informe se basa exclusivamente en el precio: las gasolineras desatendidas tienen menos costes, abaratan precios y fomentan la competencia y eso hará bajar en general los precios en beneficio del consumidor. Este argumento, ya defendido en otros sectores, es engañoso y no tiene en consideración otros factores de funcionamiento del mercado de los carburantes en España, marcado por el oligopolio en el ámbito mayorista y otras disfunciones graves, entre ellas una regulación incompleta y deficitaria y escasos controles e inspecciones sobre el sector.
La CNMC olvida que existen problemas de fondo en este mercado que inciden de manera directa en el precio final del carburante y que no se van a resolver restringiendo los derechos de los consumidores y de colectivos vulnerables como las personas discapacitadas.
Nada impide que las estaciones de marca y abanderadas abran estaciones desatendidas y que se imponga un modelo basado en la precariedad de derechos y en la desregulación en detrimento de los derechos de los consumidores, la seguridad y el empleo y todo esto, en un marco de precios libre marcado por una producción en régimen de oligopolio y con graves irregularidades de pacto de precios y otras prácticas ilegales.
De otra parte, la CNMC reconoce que no hay datos oficiales sobre el número de estaciones desatendidas existentes en España y basa su informe en la información facilitada por la patronal de las gasolineras desatendidas (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas), algo que sesga el análisis y le resta rigor, valora FACUA.
Protección de los consumidores
La CNMC indica que contar con una persona en las instalaciones es una “imposición especialmente injustificada”. La asociación recuerda que la ausencia de personal en las gasolineras provoca, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son correctas (un derecho básico del consumidor cuando se le factura en función de la medida de un aparato), que los surtidores funcionan correctamente (deben estar homologados y verificados) , presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura, entre otras cuestiones, e implica mayores tiempos de reacción del responsable de la estación ante incidencias que puedan afectar a la salud o seguridad de las personas. Respecto de estos derechos, ni están garantizados actualmente en las estaciones desatendidas, ni la solución pasa porque la administración los sustituya por inspecciones periódicas que ni tan siquiera tiene capacidad de realizar.
FACUA insiste que las estaciones de servicio desatendidas suponen un atentado contra la seguridad, dado que la vigilancia de los establecimientos no está garantizada, y por lo tanto, no hay capacidad alguna para intervenir en casos de incidentes o accidentes. Estos establecimientos trasladan absolutamente la responsabilidad de la seguridad al consumidor.
Además, si la gasolinera no cuenta con personal se vulnera especialmente la protección de las personas con algún grado de discapacidad física, que se ven discriminados y obligados a buscar alternativas de uso. Esto atenta contra la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre), que recoge, en su artículo 29.1, que “todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad“.
Tampoco incorpora el estudio datos oficiales de resultados de inspecciones por comunidades autónomas y tipo o modalidad de gasolinera, ni indica si se han realizado estudios en profundidad sobre los niveles de seguridad en este sentido, lo que da idea del nivel de desconocimiento del grado de cumplimiento.
FACUA insiste en reclamar a las autoridades nacionales y autonómicas que primen la protección de los consumidores y la seguridad con inspecciones y controles que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente, así como medidas que frenen la proliferación de las gasolineras desatendidas, que vulneran de manera clara y flagrante la legislación vigente.
