Redacción | Provincia.- FACUA Andalucía ha presentado una denuncia contra el grupo andaluz Clínicas Pascual, que desarrolla su actividad en varios puntos de la Comunidad, por emitir publicidad fraudulenta, por sesgada e incompleta, con el único fin de captar pacientes.

La asociación ha advertido a la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la Dirección General de Consumo, ambas dependientes de la Consejería de Salud, de que la Clínica San Rafael de Cádiz, perteneciente al grupo Pascual, se anuncia con el reclamo de la promesa de “reducir rápidamente los tiempos de espera” de los usuarios que están pendientes de ser intervenidos. Pero, según ha podido comprobar FACUA, se trata de publicidad engañosa debido a que está plagada de irregularidades y omisiones intencionadas.


La clínica ofrece sus servicios a usuarios y beneficiarios de la sanidad pública para ser operados de forma “ágil y gratuita”. Así, alude, por ejemplo, al Decreto 209/2001, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el SAS, que es de 180 días, o de 120 en casos especiales. Pero no se le explica al usuario que ese plazo empieza a contar desde la entrada en el Registro de Demanda Quirúrgica de la solicitud de intervención, y no desde que el médico advierte al paciente de la necesidad de la misma.

De esta forma, el anuncio omite información básica para el usuario, pero además FACUA subraya el hecho de que la clínica utilice de forma consciente y torticera las listas de espera con el único fin de captar clientes, aprovechándose de la necesidad, y en muchos casos de la ansiedad, que presentan muchos de los pacientes tras meses aguardando cita para ser operados.

Un presupuesto máximo

El citado Decreto contempla, efectivamente, que los usuarios podrán solicitar tratamiento en un centro sanitario privado siempre y cuando los plazos de respuesta establecidos se hayan agotado sin que el paciente lo haya recibido. Pero la publicidad de la clínica omite también otro dato fundamental: la administración sanitaria correrá con unos gastos máximos, detallados en el anexo I del citado Decreto. De esta forma, si el tratamiento o intervención que necesita el usuario supera dicha cuantía, la cantidad restante deberá ser aportada por éste. La clínica promete una intervención “gratuita” sin más, algo que, a juicio de FACUA, resulta completamente engañoso.

Tampoco se explica a los usuarios que antes de acudir a un centro privado, estos deben completar una serie de trámites previos en la administración sanitaria, tal y como contempla el artículo 13 del citado Decreto. Un protocolo que comienza con el SAS facilitando al paciente un documento que acredite el plazo consumido, el centro que indicó la intervención o la cuantía que la Junta se compromete a satisfacer, entre otros datos.

FACUA recuerda lo establecido en la Ley 3/1991, sobre Competencia Desleal, cuyo artículo 5 sostiene que “se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios (…)”.

Por todo ello, la asociación pide a las autoridades competentes que ordenen el cese de la actividad de la clínica denunciada y procedan a la apertura de expediente sancionador a la misma por la publicidad emitida, la cual ofrece al usuario información sesgada e incompleta.

 

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