La Policía Nacional ha finalizado  Cádiz una investigación en el que se ha imputado a dos funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cádiz y a tres responsables de sociedades mercantiles como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y falsedad documental. Los hechos fueron denunciados en 2009 por un trabajado de una empresa que también ha sido imputado al probarse su responsabilidad delictiva en los hechos denunciados.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en 2009 por un responsable de una empresa de alumbrado ante la Fiscalía Provincial de Cádiz para dar cuenta de las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso de contratación del mantenimiento y conservación del alumbrado público del Ayuntamiento de Cádiz, convocado el 15 de octubre de 2008. En la denuncia se exponía  las supuestas irregularidades cometidas por el responsable de la  Delegación de Tráfico y Alumbrado Público del citado ayuntamiento para adjudicar  de forma irregular cambiando la bases del concurso en perjuicio de la empresa con la mejor oferta y beneficiando a la empresa habían estado desarrollando el servicio tras ganar sucesivamente los concursos de adjudicación del servicio de alumbrado publico.


El  Juzgado de Instrucción número dos de Cádiz encomendó en  julio de 2011 la investigación  a la Policía Nacional, cuyos primeros informes preliminares   determinaron  indicios delictivos en las actuaciones de los investigados.   En octubre del año 2014  el Juzgado de Instrucción número dos de la ciudad de Cádiz ordenó la continuidad de la investigación  haciéndose cargo de la misma el Grupo de Delincuencia Económica  de la Comisaría Provincial de Cádiz.

Por parte del citado grupo de la Brigada de Policía Judicial  se realizaron gestiones tendentes a determinar si se alteraron de manera intencional los baremos de asignación de las puntuaciones otorgadas en el concurso de contratación del servicio de conservación mantenimiento y modificación de las instalaciones del alumbrado público y ornamental de la ciudad de Cádiz, con el consiguiente perjuicio para la empresa que debiera haber sido legalmente la adjudicataria y para el propio Consistorio municipal, al haberse contratado servicios por unos precios superiores a los que resultarían de aplicar la regla original, así como si periféricamente se hubiesen cometido otros ilícitos penales conexos con los hechos denunciados,

En el curso de la investigación el citado grupo de Policía Judicial solicitó sendos mandamientos judiciales para recabar la extensa documentación que obraba en el Ayuntamiento de Cádiz y relacionada con los hechos. Tras un análisis exhaustivo y pormenorizado de aproximadamente un año, ha culminado recientemente  con la imputación de seis personas investigadas, de los cuales dos son funcionarios públicos y tres  responsables de sociedades mercantiles como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y  falsedad documental.

La investigación bautizada como “Operación Led”, revela además que se produjeron conciertos de intereses entre las personas vinculadas a la contratación de los servicios y el por aquel entonces Director del Departamento de Tráfico y Alumbrado Público y Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, donde se negociaban las ofertas económicas que debían presentar las empresas en los contratos públicos gestionadas por el citado departamento. De esta forma se conseguía que finalmente resultase adjudicataria la empresa pactada por la realización de las obras y o servicios con la licitación económica previamente acodada.

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