Redacción | Sanlúcar.- Los concejales de IU han acudido tanto ayer lunes 28 como hoy martes 29 de marzo a las puertas del Juzgado en solidaridad con las más de 40 familias que están siendo  juzgadas en los Juzgados de Sanlúcar por un delito de usurpación.

IU ha estado siempre apoyando desde un primer momento a estas familias en su demanda de una solución habitacional a su problema y como prueba de ello, la concejala de IU, Carmen Álvarez, ha sido la única representante política llamada a declarar en calidad de testigo a propuesta de la defensa de las familias acusadas de usurpación.


La ocupación de viviendas no es el problema sino la consecuencia de una política en materia de vivienda inexistente por un PSOE que en 9 años no ha construido una sola vivienda social en la ciudad a la vez que se niega a negociar un alquiler social con las entidades bancarias propietarias de las casas ocupadas, entidades que pese a que han sido rescatadas con dinero público, siguen desahuciando a quienes por pérdida de empleo no pueden hacer frente al pago de las hipotecas y aplicando cláusulas abusivas como las cláusulas suelo, anuladas únicamente en procesos judiciales dada la falta de voluntad política del legislador para poner fin a las mismas.

En la jornada del juicio de ayer lunes 28 contra las 11 familias no se ha personado ningún representante del gobierno local, tampoco la delegada de asuntos sociales, ni representantes de los partidos PSOE, PP y Ciudadanos. Esta actitud contrasta con las buenas palabras y preocupación que mostraron todos en el recién celebrado debate del estado de la ciudad, con los problemas de vivienda así como con la exclusión social que el paro y la pobreza está generando en Sanlúcar de Barrameda.

IU Sanlúcar seguirá demandando una solución a estas familias y exige el cese de la ofensiva judicial contra el colectivo y que las administraciones competentes, Junta de Andalucía y ayuntamiento, se tomen la problemática de la vivienda como una prioridad, que dejen de ponerse de perfil y que negocien con las entidades bancarias para conseguir la cesión de las viviendas de los bancos para ponerlas a disposición de quienes acrediten ante los servicios sociales municipales estar en situación de exclusión social y de emergencia habitacional.

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