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La diputada de IU, Carmen Álvarez, alerta de que “detrás de las nuevas plataformas como Uber o Cabify, que nos intentan vender como el sistema moderno de transporte, la realidad es: grandes empresas que no tributan en España y precariedad para los propios conductores de las VTC”

Izquierda Unida volverá a mostrar este miércoles su apoyo al sector del taxi en una moción que defenderá en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz y con la que solicita que se inste a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a regular el sector de los VTC (Vehículos con conductor) para evitar la competencia desleal con el sector del taxi, así como la precariedad laboral que trae consigo la proliferación de estas nuevas plataformas de VTC.

Concretamente, la proposición que defenderá la diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, pide que se inste a la Junta a que “de manera urgente se adopten las medidas legales oportunas para aplicar una regulación equilibrada del sector de los vehículos con conductor (VTC), que posibilite tanto la coexistencia pacífica y ordenada de ambos servicios como el mantenimiento del servicio público de interés general del taxi y sus trabajadores”.

La diputada de IU cree “necesario que en una provincia como Cádiz, con ocho ciudades de más de 50.000 habitantes y por tanto, más susceptible de experimentar el crecimiento de licencias VTC, debe tener garantías de que desde la administración se va a regular convenientemente la coexistencia de estos dos servicios de transporte, de manera que el taxi no quede condenado a la extinción ni los cientos de trabajo de este colectivo ante una competencia ilegal por parte de los VTC”. 

Apunta Álvarez que “frente a lo moderno que pueda parecer el uso de plataformas como Uber o Cabify, no podemos ocultar la realidad que esconden detrás. Esto es: grandes empresas que usan paraísos fiscales y eluden el pago de impuestos en España, negocios que se visten como una supuesta economía colaborativa pero en realidad son nichos de empleo precario, en el que obligan al trabajador a poner su propio vehículo y a asumir los riesgos laborales y por último, el traslado a la sociedad de imagen de un negocio que aporta flexibilidad para cliente y trabajador pero que esconde la precariedad y la falta de respuesta de estas empresas con el sistema tributario español”.

La diputada de IU ve necesario que el Gobierno central dé competencias a ayuntamientos y comunidades autónomas para que se cumplan las normas de transporte y la proporción avalada por el Tribunal Supremo, de una licencia de VTC por cada 30 taxis, “algo que en el caso de Cádiz y sobre todo, durante el verano, constatamos que no se está cumpliendo”.