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Han sido formuladas 18 denuncias e inutilizadas 16 artes de pesca de las denominadas «brazos de hierro»

La Guardia Civil ha llevado a cabo la segunda fase de la operación «AVE FÉNIX», para evitar que se reactive la actividad ilegal en la desembocadura del río Guadalquivir que representa una seria amenaza para la vida, la biodiversidad, la pesca lícita y regulada, el tráfico y la seguridad de la navegación y en ocasiones fomenta el tráfico de drogas.

Han sido formuladas 18 denuncias e inutilizadas 16 artes de pesca de las denominadas «brazos de hierro». Han sido incautadas 23 redes para la captura de camarón, 8 redes anguleras, 3 nasas anguleras y 2 trasmallos.

La actividad ilegal de estos artefactos anguleros, se realiza en una reserva de pesca, declarada como zona biológica y ecológica muy sensible, denominada zona de cría y engorde del Bajo Guadalquivir. La pesca de la angula está totalmente prohibida en los ríos y aguas costeras de Andalucía, como medida excepcional para la recuperación de la anguila europea.

La presencia en el río de estos artefactos representa un peligro para la seguridad marítima y entorpece la navegación, en una zona del rio angosta, con poco calado y de trazo sinuoso, llegando a ocupar en ocasiones la canal de navegación en los dos sentidos hacia Sevilla.

Estas plataformas utilizadas en algunos casos por grupos criminales vinculados al narcotráfico, representan un grave riesgo para la para las FCSE, en su labor de prevención del tráfico ilegal de droga el control y la vigilancia de esta vía marítima.

Actividad comercial de pesca de exterminio

Esta actividad comercial de pesca de exterminio, que no recreativa ni cultural ni de subsistencia, usan redes de 1mm de luz de malla, por lo que todas las especien que cohabitan con la angula caen con este arte de pesca, que tiene una especial eficacia destructiva para la vida en los ríos. Esta labor la realizan al margen de cualquier legalidad vigente, actuando con total impunidad ante cualquier sanción administrativa o responsabilidad civil que sus artefactos puedan causar, ya que todo su patrimonio y riqueza está a nombre de terceros.

La operación ha sido dirigida y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz contando con la colaboración de funcionarios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía y funcionarios de la Capitanía Marítima de Sevilla.