Fernando López Gil y Miriam Alconchel
Fernando López Gil y Miriam Alconchel

La Junta de Andalucía ha prorrogado las ayudas del Decreto de Inclusión Social destinadas al Programa de Ayuda a la Contratación y a la red de suministros mínimos vitales, con el objeto de favorecer la inclusión social y paliar las situaciones de necesidad derivadas de la dificultad de acceso al mercado laboral para personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, y la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Miriam Alconchel, han trasladado esta mañana a los periodistas esta prórroga, que supone para este año una dotación financiera de los mencionados programas para la provincia de 6.723.338 euros, de los 46,5 millones del total para Andalucía, que serán gestionados por los ayuntamientos.

Concretamente, el Programa de Ayuda a la Contratación tiene una financiación en la provincia de 6.031.088 euros y recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad.

En 2014 se han acogido a este programa los 44 municipios de la provincia. Con este plan de empleo extraordinario se realizaron más de 3.700 contratos. En la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro; las familias numerosas de las que formen parte menores de edad; las personas residentes en territorios reconocidos como Zonas con Necesidades de Transformación Social; las personas con discapacidad o en situación de dependencia, y las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.

Por otra parte, la prórroga del Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social cuenta con un presupuesto total de 692.250 euros en la provincia. Este plan tiene como objeto de atender la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas o unidades familiares que no puedan hacer frente a gastos específicos.

Decreto de Inclusión

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado junio el Decreto-Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad que se calcula que ha beneficiado a más de 21.000 gaditanos. Este nuevo decreto ha destinado unos recursos adicionales de más de ocho millones de euros en la provincia para paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro.

El presupuesto del decreto se suma a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo o las Ayudas Económicas familiares. En total, con estas cuatro medidas hablamos de cerca de 158 millones de euros destinados por parte de la Junta de Andalucía a la inclusión social.

La iniciativa del Gobierno andaluz, en la que colaboran varias consejerías coordinadas por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. La norma se basa en tres pilares fundamentales: el Plan de Inserción a través del Empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. Los objetivos, por tanto, se basan en promover la inclusión de los andaluces y andaluzas que más lo necesitan a través del empleo, la principal medida de integración e inserción social; introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión social, especialmente personas mayores y menores.