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La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), espera desde el mes de marzo a que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María remita los certificados que demuestren que los adjudicatarios de 42 viviendas en Santa Clara se encuentran inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda y, por lo tanto, cuentan con los requisitos establecidos para poder acceder a los inmuebles, tal y como lo exige la ley.

En la última comisión de seguimiento, celebrada el 4 de marzo pasado, se aprobó un listado de 50 nuevos adjudicatarios de las viviendas, de los cuales seis correspondían al cupo fijado para las familias procedentes de la barriada de José Antonio y 2 al de los vecinos trasladados del parque público de la Junta por presentar nuevas o diferentes necesidades. El resto procedía de los demás cupos fijados, tales como menores de 35 años, personas con dependencia acreditada y con necesidad de vivienda, todos ellos del Registro Municipal de Demandantes.

Dicha comisión está integrada por representantes y técnicos de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda y de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz, Ayuntamiento, la empresa municipal Suvipuerto y miembros del Foro Social Portuense quienes, además de acordar los cupos de adjudicatarios, también han fijado los criterios de idoneidad de las posibles familias beneficiarias para garantizar la buena convivencia entre los vecinos.

Ahora, casi tres meses después de aquella comisión de seguimiento, en AVRA se sigue esperando la remisión de los oportunos certificados para poder proceder a la adjudicación de las 42 viviendas pendientes a las familias que reúnen los requisitos y que necesitan ocupar un hogar digno y acorde con sus necesidades actuales.

Cabe recordar que a la adjudicación de los inmuebles de la promoción de Santa Clara le acompaña un intenso trabajo social por técnicos de las distintas administraciones intervinientes para garantizar la convivencia entre los vecinos, la integración social, el mantenimiento de las zonas comunes y el  buen estado de conservación de los inmuebles.

Esta promoción 125 viviendas protegidas de Santa Clara, de las cuales 87 son en régimen de alquiler a 25 años y las 38 restantes, en alquiler con opción a compra a los diez años, forma parte de un plan de renovación urbana y de intervención social vinculado a la barriada de José Antonio, de donde proceden numerosas familias adjudicatarias.

La intervención en Santa Clara ha supuesto una inversión total de la Junta de 21,5 millones de euros, tanto en la adquisición y urbanización de suelo como de edificación.