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El coste del letrero colocado sin autorización más su retirada puede superar los 10.000 euros  

El rótulo «Casas Consistoriales» sigue dando de que hablar, después de que Cultura haya ordenado al ayuntamiento de San Fernando, la retirada del edificio municipal. Por ello el presidente del Partido Popular (PP),  José Loaiza, ha preguntado a la alcaldesa socialista, Patricia Cavada, por las circunstancias anómalas que rodean a la colocación de un rótulo en la fachada del Palacio Consistorial. “Queremos saber tanto quién ordenó poner ese añadido, así como la persona que autorizó su colocación en la portada del Ayuntamiento”, ha señalado.

Loaiza recuerda que la leyenda “Casas Consistoriales”  no contaba con la autorización del órgano competente, en este caso la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

“Al tratarse de un monumento con la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), cualquier modificación o cambio debe ser supervisado y contar con la autorización de la instancia superior, en este caso la Consejería de Cultura, tal y como dicta la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en su artículo 33.2”, apunta el edil popular..

Es por ello que desde el PP se reclame al Gobierno municipal una respuesta a la pregunta de por qué se colocó ese rótulo sin contar con autorización, “la misma que se le exige a cualquier ciudadano o persona”.

“Patricia Cavada eliminó el rótulo del Sagrado Corazón de la fachada del Ayuntamiento bajo el pretexto de que no era un elemento original del edificio, y en su lugar impone unas letras corpóreas de acero inoxidable. No puede gobernar lo público desde la prepotencia. Sus decisiones, como las del resto de ciudadanos, encuentran amparo y límite en la Ley. No pueden saltarse las normas a su antojo y mucho menos haciendo uso del dinero de todos”.

Por tal razón Loaiza pregunta al equipo de gobierno, quién va a asumir el coste de ese rótulo -casi 10.000 euros-, así como el gasto por su colocación y retirada. “Vamos a pedir -señaló- que el Ayuntamiento inicie un expediente de responsabilidad patrimonial de las autoridades y empleados públicos, como recoge el Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 36, para que se dirima esa responsabilidad y al final paguen los responsables de sus propios bolsillos y no con fondos públicos”.