El exalcalde de Rota Lorenzo Sánchez (RRUU), ha declarado este jueves como principal imputado en el ‘caso Uniformes’ y ha asegurado al tribunal que puede “garantizar” que “siempre” ha “cumplido escrupulosamente la ley”, rechazando cualquier enriquecimiento personal o haber incurrido en incompatibilidades derivadas de la adjudicación de contratos de suministro por parte del Ayuntamiento a empresas con las que tenía alguna vinculación.

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”#217ea3″ class=”” size=”14″]”El secretario general del Ayuntamiento me dijo que tenía que elegir entre ser alcalde o deshacerme de las empresas, y opté por ser alcalde”.[/pullquote]

Durante su declaración, el exalcalde ha detallado que fue socio fundador en 1979 de la cooperativa de trabajo social Coanda –dedicada a la confección industrial– hasta 1994, fecha en la que ha asegurado que su papel se limitó a tener una participación, ya que empieza a montar la distribuidora Epis Rotasur con su mujer, con la que está casado en régimen de gananciales. Aunque continúa siendo copropietario de esta empresa en la actualidad, ha asegurado que no tiene ningún papel de administración y que dejó de tener actividad en la misma en el año 2000.


Ha explicado que en mayo de 2007 –fue alcalde desde 2003 hasta 2010– se trató en la Junta de Gobierno Local una petición del PSOE solicitando información sobre el volumen de facturación del Ayuntamiento con empresas en las que tenía participación. Tras facilitar la información, el PSOE “inundó Rota de panfletos”, pero “hablaba de enriquecerme, en ningún momento de incompatibilidad”.

Se da la circunstancia de que, también en 2007, a raíz de la nueva Ley de contratos del sector público, el secretario general del Ayuntamiento le dijo que tenía que elegir “entre ser alcalde o deshacerme de las empresas, y opté por ser alcalde”.

Así, explicó la situación a sus socios en la cooperativa, que en aquel momento pasaba además por “dificultades económicas”, y finalmente Isidro Martín Bejarano –imputado por ser su supuesto testaferro, según la tesis de la Fiscalía–, con el que mantiene una relación de amistad desde hace “muchos años” y que también es socio fundador de la cooperativa, decidió dar “un paso adelante” y se creó Coanda Costuras, con la que Sánchez no tenía “ninguna vinculación”.

Ha reconocido que lo que se pretendía con Coanda Costuras era “quitarme del medio”, pero “no por ocultar nada, sino porque la ley decía que no puedo estar y no estoy”, ya que había optado por ser alcalde.

Ha justificado que no se contratase desde esa fecha con ninguna de las otras dos empresas porque, ya que el PSOE le acusaba de enriquecerse con estas adjudicaciones, le indicó a su esposa que “no aceptaran ningún pedido del Ayuntamiento”.

El Consistorio continuó haciendo encargos a Coanda Costuras, con la que no tiene “nada que ver”. Asimismo, ha aseverado que “jamás” ha dado “orden de facturar a Coanda Costuras”.

Lorenzo Sánchez ha insistido en que “no cobraba nada” y que no sabía de la gestión de estas empresas, ya que “estaba en otra realidad” volcado en sus responsabilidades en el Ayuntamiento.

Ha recalcado que “siempre” ha cumplido “escrupulosamente con la ley” y que “nunca” desobedeció las “órdenes” del secretario general del Ayuntamiento –también imputado– cuando le indicaba que debía abandonar la Junta de Gobierno Local para no votar a favor de determinadas adjudicaciones y evitar así incurrir en incompatibilidades.

Pese a que no votó sobre adjudicaciones relativas a la cooperativa Coanda o Epis Rotasur, ha comentado que sí votó a favor de adjudicaciones a Coanda Costuras porque, según ha asegurado, no tenía “nada que ver” con ella.

Juan Carlos Utrera, Secretario Municipal

Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Juan Carlos Utrera, ha manifestado que hacía con los miembros de la Corporación las declaraciones de bienes e intereses, no entrando en sus atribuciones legales comprobar la veracidad de lo que le manifestaban. A los que tenían intereses empresariales les advertía de que tenían que ser “o concejales o contratistas”, correspondiendo a éstos la responsabilidad última de sus decisiones.

A preguntas del fiscal, ha señalado que se debió a “un error” la tramitación como contrato menor y no como un contrato mayor un suministro a la cooperativa Coanda por valor de 29.000 euros en el año 2006.

También ha hecho referencia a las “dificultades” que supuso la adaptación a la Ley de contratos del sector público en entró en vigor en 2008, la cual ha generado “muchas dudas y consultas en todas las administraciones”, no sólo en el Ayuntamiento roteño. Ha aludido a los esfuerzos realizados para adaptarse a la nueva legislación y también a que advirtió de las limitaciones y el “endurecimiento” de las condiciones que esta ley suponía a Lorenzo Sánchez y al resto de ediles porque “había confianza y lealtad institucional”.

Ha reconocido que daba instrucciones a Lorenzo Sánchez y a otros exediles imputados para ausentarse de la Junta de Gobierno Local cuando se votaban adjudicaciones que pudieran suponer algún conflicto, no siendo así en el caso de Coanda Costuras porque el exalcalde “no aparecía vinculado” en la documentación de esta empresa.

Pese a ello, a preguntas del fiscal ha reconocido que a raíz del inicio de este procedimiento en 2012 supo de la posible vinculación de Coanda Costuras con Lorenzo Sánchez. Por ello, pese a que la ley no lo exigía, “por su cuenta y riesgo” se dirigió a los departamentos de Compras y Contratación para indicarles la conveniencia de no seguir contratando con esta empresa, con la cooperativa Coanda o con Epis Rotasur.

Ha dejado claro que, aunque “siempre” instaba a que saliesen de la Junta de Gobierno cuando había algún indicio de que alguna contratación pudiera tener cierta incompatibilidad, “la responsabilidad de la incompatibilidad es de los ediles”.

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