El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, en relación a las declaraciones realizadas por la parlamentaria andaluza, Teresa Ruiz Sillero, sobre la documentación del Centro de Formación de


Técnicas Industriales (CTI) almacenada en dependencias de la Policía Local, asegura que éstos se encuentran “a disposición de la autoridad judicial” en el mencionado lugar “en cumplimiento de un mandato judicial, cuya acta fue firmada por el entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento, Ángel Martínez, del Partido Popular que entonces gobernaba esta ciudad”.

Según explica Rodríguez, “y así consta en el acta de las actuaciones de retirada de documentación, material, depósito y precinto que oportunamente se levantó en su día”, fue la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil quién, actuando en funciones de Policía Judicial, procedió a la recogida de documentación y material informático de las dependencias del CTI, “en cumplimiento de un mandato judicial”.

De este modo, “parte de esa documentación fue depositada por los agentes actuantes de la Guardia Civil en dependencias de la Jefatura de la Policía Local de San Fernando, concretamente en uno de los calabozos, procediéndose seguidamente a su precinto”, actuaciones que, según incide Rodríguez, fueron suscritas por los agentes actuantes y, entre otros, “por el representante del Ayuntamiento en tales intervenciones: Ángel Martínez Sánchez”.

“Por tanto, a quién corresponde actuar es a la Guardia Civil siguiendo directrices de la juez que lleva este caso. Desde el Ayuntamiento estamos totalmente a disposición de la justicia y los requerimientos que haga. En consecuencia, ninguna actuación cabe por parte del Ayuntamiento en relación a los antecedentes objeto de depósito y precinto, por cuanto los mismos están a disposición de la fuerza actuante, la Guardia Civil, y lógicamente de la autoridad judicial”, indica Rodríguez, que reitera que la documentación se encuentra “en la misma situación en la que lo dejó el gobierno de José Loaiza y el acta firmada por Martínez”.

Así las cosas, el concejal de Presidencia recalca que el Ayuntamiento “sólo está cumpliendo con su obligación de custodiar dicha documentación”, insistiendo en que se está “a disposición de la Justicia”.

Por último, lamenta la “crítica oportunista” del Partido Popular y “sus intentos de empañar la gestión municipal intentando trasladar la responsabilidad de este asunto sobre la alcaldesa, Patricia Cavada, cuando lo que se está reprochando y poniendo en duda es la actuación de la Guardia Civil y la jueza, y no del Ayuntamiento y este equipo de gobierno, que únicamente está dando cumplimiento a una orden judicial custodiando dicha documentación”.

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