Costa Cádiz Comunicación

“Los ocupantes de las viviendas de Rodríguez del Moral siguen sin documentar su situación económica y familiar”

25 marzo
06:18 2017

Redacción | Sanlúcar.-  Ante las manifestaciones de algunos concejales de la oposición en relación al desalojo por ocupación ilegal de viviendas en la calle Rodríguez del Moral afirmando que se trata de familias en exclusión social y que el Ayuntamiento no les atiende, se hace necesario explicar el trabajo que se ha venido realizando con estas familias por parte de la Oficina Municipal para la Defensa del Derecho a la Vivienda Digna y los hechos acaecidos de los últimos días.

En primer lugar cabe que señalar que las viviendas que fueron ocupadas en la calle José Rodríguez no cuentan con licencia de primera utilización, es decir, no tienen las condiciones de habitabilidad que se requiere a toda vivienda desde el punto de vista técnico.

Desde el momento en el que se tuvo constancia de la ocupación de dichas viviendas, personal adscrito a la mencionada Oficina intentó en reiteradas ocasiones poner se en contacto con los ocupantes, sin conseguirlo. Tan sólo uno de los ocupantes abrió la puerta a la trabajadora social, quien comunicó que trasladara al resto de ocupantes que se pusieran en contacto con la Oficina para evitar el lanzamiento de las viviendas, además de para conocer la situación familiar de todos ellos. Solo  la referida ocupante siguió atendiendo a la trabajadora social en otras ocasiones, aunque tampoco aportó toda la documentación que se le requirió.

La Oficina no vuelve a tener noticias sobre esta ocupación hasta octubre pasado, cuando la Policía Local fue requerida por el Juzgado para informar a los ocupantes del desalojo. Al día siguiente de la personación de los funcionarios del juzgado, varios de los ocupantes acuden a la Oficina de Vivienda, donde se les informó de la tramitación que debían seguir, la solicitud de abogado de oficio y se le informa incluso de que la empresa que gestiona las viviendas estaba interesada en conocer la situación de cada unidad familiar ocupante, lo que podría dar pie a solicitar un posible alquiler social. Pero tampoco se personó ninguna unidad familiar para este fin, a pesar de que se les instó telefónicamente a negociar con la gestora el posible alquiler social.

Desde entonces ya no se tiene de nuevo más información hasta la mañana del día 22 de marzo cuando se conoce la presencia policial en las viviendas para su desalojo.

En ese momento, trabajadores de la Oficina de la Vivienda hacen una recogida básica de datos de las unidades familiares, interesándose fundamentalmente la composición familiar de cada una de las viviendas así como si tienen donde alojarse provisionalmente. Todos, excepto un ocupante, tenían donde alojarse, según transmitieron en ese momento.

Posteriormente, un grupo de cuatro de las unidades familiares ocupantes, acompañados por concejales de IU y de Podemos, acudieron a la Oficina de la Vivienda asegurando que no tiene donde alojarse esa noche, por lo que los trabajadores de la Oficina comienzan a atenderlos de manera individualizada. Tras estas conversaciones, solo una de estas unidades necesita la ayuda municipal para su alojamiento.

La situación de los ocupantes de las viviendas no es la que indican los concejales de los dos partidos citados. Así, en dos de las unidades familiares, al menos un miembro de la pareja trabaja; en otro caso una de las ocupantes persona tiene un bar y trabaja como autónoma y su pareja tiene empleo fuera de la localidad. En este caso parece que incluso ocuparon la vivienda tras pagar 800 euros euros a un ocupante anterior, según el testimonio de otros vecinos. En otra de las viviendas, un miembro de la pareja tiene empleo y el otro trabaja de maneras esporádica. El último caso es el de una persona que vive sola, que ocupa la vivienda desde hace tres meses porque antes vivía en casa de su novia.

Tras el desalojo, en el que los ocupantes pudieron sacar los enseres de primera necesidad, los servicios municipales fueron requeridos por los juzgados parea retirar de las viviendas animales como gallos ingleses, dos perros peligrosos, gallos, ninfas, codornices y coballas. La Oficina de vivienda ha hecho las gestiones con la empresa propietaria de las viviendas para que se autorice con urgencia poder sacar los muebles y enseres que no pudieron sacar ese día.

Desde la Oficina se les ha pedido de nuevo que presenten toda la documentación relativa a las circunstancias familiares y económicas, pero a día de hoy ninguna lo ha hecho, por lo que no se puede evaluar si alguna de ellas se encuentra en exclusión social o no.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento lamenta que algunos concejales quieran manipular una situación tan delicada que pone en entredicho la verdadera realidad de personas que sí necesitan ser atendidas.

El Ayuntamiento, a través de la Oficina para la Defensa del Derecho a la Vivienda Digna, seguirá trabajando como hasta ahora y tramitando las ayudas sociales que sean necesarias y espera que las personas con necesidades e vivienda se inscriban en el Registro de Demandantes de Viviendas como hacen el resto de ciudadanos que la necesitan.

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