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El Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP), ha pedido hoy explicaciones urgentes al alcalde de los 13,5 millones de euros en facturas con irregularidades que han sido reparadas por la Intervención General del Ayuntamiento de Cádiz durante el año 2018. Esta cantidad es, a juicio de los populares, “un verdadero escándalo” teniendo en cuenta que supone casi el 10 por ciento del Presupuesto Municipal de ese año y un 22 por ciento del gasto elegible (presupuesto una vez restado los capítulos de personal, gasto financiero y otros.

Los populares han señalado que ese volumen de dinero que -según Intervención- no se debe pagar porque no está refrendado con un expediente administrativo correcto o legal no es aceptable en un Ayuntamiento que está todo el día presumiendo de gestión económica. Del mismo modo lamentaron que “los que están todo el día halando de la herencia recibida están dejando en las arcas municipales un boquete de 13 millones de euros anuales de difícil justificación, por no decir otra cosa, ya que es evidente que cualquier responsable público va a encontrar serias dificultades para pagar algo que Intervención dice que no se puede pagar legalmente”.

Los silencios de Navarro y el alcalde

El GMPP ha recordó también  que  en el pasado pleno de diciembre se aprobó ampliar el objeto de la Comisión Técnico Política creada en marzo de 2018 para que la misma abarque el estudio de los reparos de intervención que se habían realizado hasta la fecha, y la firma de los decretos de Alcaldía que levantan algunos de esos reparos, al igual que la realización de contratos menores. En ese mismo punto se aprobó que dicha comisión fuera convocada con carácter de urgencia y sin dilación alguna, para aportar toda la información solicitada de los reparos de Intervención, los contratos menores y los decretos de levantamiento de reparos.

La Comisión Técnico Política aprobada en marzo de 2018 tuvo que esperar hasta el 18 de octubre para que fuera convocada por el alcalde en una reunión que no dio más que para su constitución y la remisión a una posterior, celebrada el 6 de diciembre, en la que tampoco se aportó ninguna información relevante sobre lo que en realidad sucedió con las cuentas suspendidas ni con los constantes reparos de la Intervención General y el subterfugio usado por el alcalde con la firma de decretos que levantan dichos reparos.

El concejal popular, José Blas Fernández, que ya mostró su malestar en la citada reunión del 6 de diciembre de la Comisión sobre la suspensión del Presupuesto por el TSJA, obtuvo el compromiso del alcalde de no dilatar la entrega de la información más allá de 15 días, “pero es evidente que de nuevo el alcalde incumple su promesa; no solo no ha vuelto a convocar a la Comisión para darnos la información requerida sobre estos reparos, los contratos menores y sus decretos, sino que ahora nos encontramos con la información de que en los últimos cuatro meses esas facturas con irregularidades se han duplicado mientras que el responsable de Hacienda, el señor Navarro, permanece en absoluto silencio, al igual que el alcalde”.

Responsabilidades políticas y de cualquier tipo

El Pleno de diciembre también acordó, con el voto en contra de Podemos y Ganar Cádiz que se opusieron a toda la moción popular, que la Secretaría General elaborara un informe en el que se estableciera las posibles responsabilidades políticas y de cualquier otro carácter que puedan derivarse de los decretos de levantamiento de reparos firmados por el alcalde para pagar las facturas que Intervención no estima correctas.

José Blas Fernández ha señalado hoy que, a la vista de los intentos de ocultación constantes que está haciendo el Equipo de Gobierno, y el volumen alcanzado por las facturas reparadas por la Intervención, estudiará remitir al Tribunal de Cuentas estos hechos referidos, en primer lugar a la falta de información a la citada Comisión Técnico Política, y en segundo término a los reparos de Intervención en sí. Según  Fernández es más que idóneo que sea ya el Tribunal de Cuentas quien determine qué responsabilidades existen en este Ayuntamiento para que haya facturas por valor de 13,5 millones de euros con irregularidades y por qué el alcalde está firmando decretos para pagarlas en buena parte en contra de los criterios de los técnicos”.

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