En el día de hoy se está celebrando la segunda sesión del juicio contra 20 personas, entre funcionarios y cargos políticos, del Ayuntamiento de Rota, donde se supone que Lorenzo Sánchez, anterior alcalde de la localidad, era beneficiado con contratos a mercantiles con las que tenía una supuesta vinculación.

El día ha comenzado con la declaración de la ex alcaldesa del Partido Popular Mª Eva Corrales, ya condenada a cuatro años y medio por otro caso, que en la actualidad está en recurso en el Tribunal Constitucional.


Mª Eva Corrales

Corrales ha solicitado en varias ocasiones documentación que poder ver, para corroborar que sus firmas eran esas y que ella estaba presente en diversas juntas de gobiernos locales en las que se adjudicaban contratos a las empresas COANDA S.C., COANDA COSTURAS o EPIS ROTASUR; y que estas a su vez tenían una supuesta vinculación a Lorenzo Sánchez.

La ex alcaldesa ha afirmado que no tenia conocimiento alguno de que Lorenzo Sánchez perteneciera a COANDA. No fue hasta 2007, cuando el PSOE local solicita a la intervención del consistorio información sobre las sociedades a las cuales se adjudicaban contratos, y es entonces; mediante la declaración de bienes, cuando se percata de esta supuesta incompatibilidad.

Ha declarado que en aquella época conociera las leyes de contratos con el sector público y las administraciones, por lo que entendía que eran los técnicos los que deberían dar conocimiento de cuales era los trámites a realizar en diversas compras. “Si esta dentro del orden del día, en la junta local de gobierno, entiendo que ha pasado por todos los trámites legales y los funcionarios ya le han dado el visto bueno” afirmaba Corrales, que en mas de una ocasión dejó claro que “yo solo voto a favor de la necesidad de un delegado de cualquiera área, los técnicos son los que se encargan de ver si existe una ilegalidad”.

El fiscal hizo hincapié en un acta donde ya ella era alcaldesa y donde se le adjudica a COANDA COSTURAS un contrato, dentro de una oferta de cuatro empresas mas. La petición a estas empresas fue firmada por ella misma. Por ello el fiscal le ha preguntado si las direcciones de esta empresa no fue conocida por ella, y por la posible relación que tuviera con el ex alcalde independiente. Ella contestó, en mas de una ocasión, que ella “solo firma, no investigo ni los nombres, ni los teléfonos, ni las direcciones de esas empresas”.

Fue en este momento cuando la jueza tuvo que llamarle la atención ante una afirmación que caldeó un poco el ambiente: “me siento juzgada y condenada por los medios de comunicación desde mi primera comparecencia en un juzgado. Los contratos se me presentaban en carpetas y yo firmaba. No hay más”.

Corrales Caballero terminó su declaración ante el fiscal y su letrado confirmando que “no tenia relación ni conocía a Lorenzo Sánchez o personas de RRUU hasta 2003, cuando comenzó el gobierno en coalición”. Rechazó las preguntas de la acusación popular.

Juan Antonio Liaño

Otras de las declaraciones importantes fue la del político local Juan Antonio Liaño; que ante la pregunta del fiscal sobre su declaración de intereses, este declaró no recordar si se le preguntaba por activos en sociedades mercantiles, pero no obstante él solo se dedicaba a rellenar “los mismo de siempre. Mis datos, el coche, la casa y poco más”.

Liaño afirmó en numerosas ocasiones que “todo lo que tenga informe favorable del interventor y el secretario se ejecuta. Al menos ese es el funcionamiento de la junta local de gobierno desde que estoy en política. No se cuestiona porque el delegado de tal o cual, necesita unos gastos determinados. No le pido explicaciones al delegado/a de servicios sociales ha solicitado determinada partida”. Él confirmó que como delegado de personal en el consistorio roteño, ha solicitado la necesidad de determinado vestuario, y así se lo hacía llegar al departamento de compras.

En un momento de confusión, el fiscal le preguntaba por el conocimiento en la relación de Montemayor Laynez con la cooperativa; y él se negaba a conocer nada de eso. No obstante en su declaración inicial si afirmó haber conocido que Laynez tenía relación con COANDA S.C., aunque no sabía cual era claramente. “En mi época de funcionario del ayuntamiento, ella traía las facturas al consistorio para abonárselas; pero no conozco si pertenecía a la dirección de la empresa o era una simple administrativa”.
“Mi trabajo no era ver a quien le comprábamos”, decía cuando se le hablaba de la compra de material a empresas externas por el sistema de Vales que se implantó en el consistorio.

Juan Antonio, que de igual manera no ha querido contestar a las preguntas del abogado de la acusación popular, afirmó que actualmente no tiene ninguna relación con Lorenzo Sánchez, y que solo la tuvo en la época en la que los dos se encontraban en el gobierno municipal.

Su abogado encaminó su defensa en demostrar que también en la época del gobierno socialista se firmaban contrato con estas empresas. Para ello hizo leer algunos vales de compra firmado por concejales del PSOE como Felipe Márquez, Rosa Mª Gatón o Manuel Bravo.

Sobre el funcionamiento de las Juntas de Gobiernos afirmaba lo mismo que Eva Corrales, “Se leía el punto y si tenia todas las bendiciones, se aprobaba”.

Una sesión en la que el protagonista han sido las actas de las juntas locales de gobierno. Mas de medio centenar de documentos se han mostrado a los acusados, donde la mayoría no recordaba lo que hace ya casi 10 años se venía firmando.

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