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“Nadie está por encima del cumplimiento de las leyes y la Subdelegación debe hacerlas cumplir”

“Nadie está por encima del cumplimiento de las leyes y la Subdelegación debe hacerlas cumplir”
20 abril
10:32 2017

Redacción | Provincia.- El Subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz Martin, afirma que ninguna administración, ningún responsable de ella ni ningún ciudadano  está por encima del cumplimiento de las leyes y del ordenamiento constitucional.

El subdelegado del Gobierno afirma, en el caso del Ayuntamiento de San Roque y las manifestaciones realizadas por su alcalde contra el requerimiento realizado para la retirada inmediata de una bandera republicana de la Alameda de la localidad, que “desde esta Subdelegación en todo momento se ha actuado y vamos a seguir haciéndolo contra cualquier acuerdo que vulnere la legalidad y el orden constitucional vigente”.

Para el subdelegado el alcalde sanroqueño “debería saber si un acuerdo es legal o no”, al margen de si el mismo se haya adoptado de manera unánime

En esa línea,  Muñoz Martín afirma que si el regidor sanroqueño “conoce que hemos actuado en casos similares y que los juzgados han dictado la retirada de la bandera republicana, es evidente que el único agitador político es él”. Por ello, pide al alcalde que sea “respetuoso con las decisiones de los tribunales de Justicia”.

Agustín Muñoz considera que la actuación seguida desde la Subdelegación del Gobierno en Cádiz demuestra “la imparcialidad que mantenemos en todo momento, que es la misma imparcialidad que se le debe exigir a cualquier administración y a sus responsables”, esperando que la misma imparcialidad “la aplique el alcalde en sus acciones de gobierno”.

La Subdelegación ha intervenido al considerar que dicha colocación de una bandera republicana en la Alameda “vulnera el principio de objetividad y de neutralidad que debe regir la actividad de todas las administraciones públicas” conforme al artículo 103 de la Constitución Española, que dice que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales”. Además, en los mismos términos se expresa el artículo 6.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación a las entidades locales al disponer que las mismas “sirven con objetividad los intereses públicos que les estén encomendados y actúan con sometimiento pleno a la ley y el derecho”.

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