La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha vuelto a sancionar a una empresa de telecomunicaciones por vulnerar los derechos de los consumidores y usuarios. En esta ocasión por no permitir las portabilidades, es decir, el cambio libre de operador para contratar los servicios de otra empresa.

Un derecho básico de los usuarios de telecomunicaciones que, desde mi punto de vista, es tremendamente barato, incluso rentable, para el infractor.


Este es el problema que el ámbito del Consumo tiene. Para las grandes empresas es rentable vulnerar las normas. Ganan dinero con ello por dos motivos fundamentales: las sanciones son mínimas y no hay un resarcimiento directo del daño a los perjudicados.

Estos, los consumidores, tienen que pedir individualmente sus derechos incluso en tribunales. Esto no es justo desde un punto de vista que en muchas ocasiones las cantidades son mínimas individualmente pero millones de euros en la suma total.

Para queesto no se produzca, tiene que haber cambios en la legislación, es decir, tiene que regularse que las sanciones sean contundentes con el fin de que quien opera en el mercado no vulnere la normativa por las buenas y que no se resulte beneficioso. Pero no solo eso, tiene que haber una devolución inmediata del dinero que se haya cobrado a los consumidores. Se tiene que establecer un sistema de devolución automática que sea comprobado por las Administraciones Públicas con competencia en la materia.

El problema es que la Administración no tiene capacidad para hacerlo porque no tiene personal y el que tiene está ocupado en treinta mil chorradas. Eso lo estamos viendo a diario los que nos dedicamos a esto del Consumo. Se pierde el tiempo en pamplinas que en nada benefician al consumidor y que únicamente se hacen para que los políticos puedan maquillar sus ruedas de prensa con esos datos que para nada valen como les decía antes.

Si no se cambia la situación seguiremos en manos de las grandes empresas que vulneran los derechos de los consumidores.

Este cambio se debe producir a todos los niveles. No se crean que estoy hablando únicamente de Andalucía o de España. Sobre todo Bruselas, la Unión Europea tiene que establecer este mecanismo de garantía hacia el consumidor. No puede estar regulando a espaldas de los ciudadanos y beneficiando únicamente a los lobbies. Cuando esto se consiga, en todos los niveles, tendremos una sociedad más junta desde la perspectiva del Consumo.

 

Miguel Ángel Ruíz

Presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz

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