Opinión | Eduardo Corrales.- Estárico. Se ha acabado el periodo de exposición pública de la Ordenanza Reguladora de las Ayudas Económicas Municipales para la atención de Necesidades Sociales, en aprobación inicial, y tras analizar en profundad el contenido, he presentado alegaciones y observaciones a 57 apartados que considero deben analizarse.

En unos diez días leyendo la normativa, me he dado cuenta de lo poco desarrollada que tenemos nuestra Ordenanza y del sufrimiento, perdida de tiempo y recursos que ocasiona; tanto de los ciudadanos potenciales beneficiarios como del Ayuntamiento y su personal.

El proyecto de modificarla ha recaído en Levantemos, quienes han dedicado 8 meses de trabajo en grupo. Se han centrado en facilitar el acceso a estas ayudas y el aumento de sus cuantías y de la percepción total por Unidad Familiar, que pasa del 60% IPREM a un 70% IPREM, lo que en números son 5.218,6€/año en este 2016. El tripartito ascendió la partida municipal para estas ayudas de 500.000€ a 600.000€, lo que serviría para 115 unidades familiares que llegasen al tope.

Sin embargo, otras muchas consideraciones no las vieron, no las atendieron o no las consideraron importantes; como les pasó al PP y al PA en su modificación del 2015. Por ejemplo, desde la Orden 10 de octubre del 2013, las Ayudas Económicas Familiares dejaron de tener la consideración de subvenciones, pero aún en la exposición de motivos se advierte que será de aplicación la ley 38/2003 General de Subvenciones. O las cuantías de esas ayudas son considerablemente mayores en esa Orden que en nuestra Ordenanza, a pesar de que ese dinero lo aporta la Junta de Andalucía.

Es una constante en la Ordenanza que se le requiera al solicitante que aporte documentación que ya obra en poder del Ayuntamiento, a pesar de que, al menos desde la Ley 30/1992 en su art. 35 f), los ciudadanos tenemos derecho a no tener que presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante. Así, la Ordenanza en el art 22 f) requiere que se justifique documentalmente las ayudas concedidas con anterioridad. O en el art. 32 c) requiere el Volante de empadronamiento y convivencia; lo que explica que este sea el documento que más satura nuestra OAC.

En este mismo sentido, la Ordenanza no está adaptada en nada a la Ley 39/2015 que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, y que va más allá que la Ley 30/1992. En su art. 28, exonera al ciudadano de presentar cualquier documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración y a tener que presentar los originales: Vida laboral, declaración de la renta, DNI, certificado negativo de percepciones del SAE…

Tampoco llego a entender por que no se ha tenido en cuenta los gastos de alcantarillado y basuras en nuestra Ordenanza, que están reconocidos como gastos específicos a cubrir por las ayudas para suministros mínimos vitales, en el art. 30.1 del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio.

Estas prestaciones no son un derecho reclamable o exigible por los ciudadanos, sólo solicitables. El principal requisito es que los técnicos de Servicios Sociales valoren la situación como de necesidad. Y desde esta perspectiva, esta Ordenanza es una herramienta que debería de simplificar enormemente la tramitación y posibilitar a los técnicos el conceder las prestaciones económicas necesarias para solventar la urgencia a esas familias; cualquiera que fuese su importe o finalidad. Es por ello que valoro positivamente los cambios aportados desde Levantemos, sabiendo que no hay en El Puerto un sistema más garantista para aportar recursos a los verdaderos necesitados.

Aún así, una vez se termina el deposito ya no hay que repartir, por mucho que se abra el grifo; lo que será un quebradero de cabeza para el nuevo concejal. Y, teniendo en cuenta esto, he solicitado la creación de una cuenta para que cualquier persona pueda aportar fondos a repartir en base a esta Ordenanza.

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