Opinión | Isidoro Seco.- Parece ser que el tripartito, en ese afán por deshacer todo lo que hizo el gobierno anterior -y ya llevamos un año sin gestión-, ahora la ha tomado con algunos empleados municipales sobre los que ha fijado el objetivo de echarlos a la calle, por lo que se desprende de las actuaciones realizadas. Concretamente Levantemos El Puerto, formación que tiene el control de SUVIPUERTO, preparó una entrevista a los trabajadores de esta empresa municipal, con grabadora en mano como los de la Cheká , su presidente José Antonio Oliva y la vicepresidenta Rocío Luque reunieron al personal para preguntarles si alguno ejercía alguna actividad privada fuera de la jornada laboral. La pregunta tenía truco, pues hasta que no obtuvieron el botín que perseguían, no acabó la reunión, y ese no era otro que la persecución de uno de los trabajadores, padre de familia numerosa, que al parecer se buscaba unos ingresos extras como mediador en la compra venta y alquiler de fincas. Sin entrar a valorar la ética o legalidad de tal acción.

Todo este montaje partió de la denuncia de una de las plataformas para las que gobiernan estos señores, dándose la paradoja de que en el Consejo de Administración de la empresa de suelo y vivienda, se sienta uno de los miembros anti desahucios que dio el chivatazo al Sr. Oliva, y serán estos consejeros quienes tendrán que decidir sobre un hipotético despido del trabajador. Lo que comúnmente se denomina ser juez y parte.

No hace mucho tiempo, veíamos al Sr. Oliva encabezando manifestaciones y blandiendo pancartas contra toda causa injusta. Rememoramos aquello de «ni gente sin casa ni casa sin gente». O uno de sus lemas favoritos, bajo la euforia de verse agraciado con el cuponazo del pacto progresista y que le deparará un feliz retiro: «queremos el buen vivir de las personas». Pero se le olvidó apuntillar «…de las personas afines a nosotros». Porque, estos señores que vinieron a regenerar la política municipal y que se oponían a los desahucios, si no viene alguien y lo remedia, van a provocar el lanzamiento laboral de un padre de familia, que honradamente defiende a diario su puesto de trabajo. Y posiblemente, por su situación personal, hasta tendrá que acudir a solicitar ayudas a Bienestar Social, ese área municipal que también maneja el Sr. Oliva.

Ante esto, los socios de gobierno mutis por el foro. Antonio Fernández (IU) no ha alzado la voz, ni ha arengado a sus hordas defensoras de la clase obrera, simplemente porque no es uno de los suyos. Pero mayor asombro produce el alcalde en el alambre, David de la Encina (PSOE), quien se ha apoltronado en su despacho de Peral, esperando a que alguien en instancias socialistas provinciales  se haga eco de sus prerrogativas, y le busquen un destino más tranquilo ya que El Puerto le viene muy grande. Mientras tanto, podría interesarse por el asunto y ampliar la investigación a otras empresas municipales, por ejemplo APEMSA, donde algún que otro simpatizante y afiliado socialista también tiene sus actividades privadas en la calle Larga, vulnerando el principio de incompatibilidad de los empleados públicos. Eso sí, si se atreviese a abrirle un expediente ardua tarea le espera ya que este empleado atesora numerosos cargos: empleado, miembro del comité de empresa, defensor del cliente y consejero de la empresa. Y es que el caso reúne todos los ingredientes para la convocatoria de un espacio mixto participativo, y que el pueblo opine y juzgue. Sin lugar a dudas, digno de estudio.

Isidoro M. Seco Piñera         

Secretario General del PP de El Puerto y consejero de Suvipuerto