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Solo en San Fernando, la estafa ha afectado a más de 200 personas

Podemos y confluencias sociales pedirá para el pleno de la próxima semana una partida en los presupuestos de 2020 para los afectados de la estafa iDental, que ha afectado a más de 200 personas en San Fernando –se contabilizan unos 45.000 expedientes en la provincia-. Una moción recogida de la Plataforma de Afectados de iDental en Cádiz.

Las personas afectadas por esta estafa tienen problemas económicos por los préstamos que tenían que adquirir para los tratamientos, pero también consecuencias físicas, psicológicas, laborales y nutricionales derivados de la mala praxis en los centros bucodentales de esta empresa, la falta de esterilización del instrumental o el uso de materiales de baja calidad, provocando la pérdida de piezas dentales, problemas en las encías…

Ana Rojas, concejala del grupo municipal, ha explicado que el tiempo “empeora el problema” causando una “emergencia social y sanitaria”, confirmando que exigirán al gobierno de la Junta de Andalucía cumplir en su totalidad los acuerdos de la PNL aprobada por mayoría en julio del 2018 y que “estudie y ponga en marcha una ampliación de la asistencia sanitaria, cubriendo en el futuro las necesidades bucodentales de los ciudadanos”. Pide además que el servicio público de salud se haga cargo de la salud bucodental de la ciudadanía, porque el derecho a la sanidad “es un derecho constitucional” y debe ser accesible y gratuito.

“Estas personas necesitan con urgencia prótesis totales o parciales que permitan su vida cotidiana y como prevención sanitaria para evitar infecciones y más problemas”, explica.

La reparación de estos problemas supone un gasto exorbitado para muchas familias, que no pueden pagarlas ni pueden continuar en esta situación, “por lo que este Ayuntamiento debe comprometerse con una partida presupuestaria específica desde sanidad sobre todo para los casos más urgentes y para los que tienen menos recursos y que necesitan estas prótesis”.

“No solo esperamos la aprobación de estas medidas, sino su cumplimiento, que depende de la voluntad política”, esperando también mejorar la calidad de vida de 200 isleñas e isleños.