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PSOE exige levantar la suspensión cautelar de la aplicación de las 35 horas en la Junta

PSOE exige levantar la suspensión cautelar de la aplicación de las 35 horas en la Junta
26 julio
10:11 2017

Redacción | Provincia.- La parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha exigido hoy al delegado del Gobierno, Antonio Sanz, que contribuya para que el Ejecutivo de Rajoy, que ha interpuesto el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación de las 35 horas, revoque su decisión y solicite al alto Tribunal que levante la suspensión cautelar para evitar los efectos perjudiciales de tipo organizativo que provocaría en la administración de la Junta de Andalucía.

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Al hilo, le advierte de que debe ser consciente “del enorme daño que hace sobre todo, a sectores como la sanidad y la educación”. Así, considera que “el PP de Andalucía no está legitimado para andar exigiendo mejoras en la sanidad de la provincia o en la educación, pues tienen en su mano abrir la puerta a la creación de empleo- en torno a 7.000 puestos de trabajo- que genera la restitución de las 35 horas en el funcionariado público andaluz”.

“La actitud del PP de Andalucía es una nueva decepción de la mano de su presidente Moreno Bonilla y del delegado del Gobierno andaluz, que han vuelto a defraudar a los ciudadanos y a los empleados públicos en particular”, afirma. “No sabemos si ya han movido un dedo para dirigirse al Gobierno para que no pidiera la suspensión o no se les ha tenido en cuenta”, apunta para, a continuación, pedirle explicaciones sobre las actuaciones que ambos han hecho para defender a los andaluces en Madrid.

Con todo, Maese afirma que “todo es un auténtico despropósito” pues la jornada está implantada desde el mes de enero “y no se puede dar ahora ni un paso atrás en su aplicación”. A juicio de la dirigente socialista, el Gobierno central debería abrir una ronda de contactos y negociaciones con las comunidades autónomas, “no solo para dejar sin efecto la suspensión de las 35 horas en Andalucía, sino para que se arbitren medidas que permitan extenderla al conjunto de los empleados públicos del Estado”.

“Es lamentable que el Gobierno central haya dejado transcurrir nueve meses para interponer el recurso, sin que se hayan producido durante todo este tiempo reuniones políticas para alcanzar un acuerdo razonable”, argumenta al tiempo que subraya que “el Gobierno ha agotado el plazo para presentar el recurso sin que haya habido diálogo con Andalucía”.

De hecho, explica la parlamentaria andaluza que “la Junta de Andalucía aún no dispone de la comunicación oficial del Pleno del Tribunal Constitucional sobre la admisión a trámite del recurso y la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas”. “Una vez notificada y publicada en el BOE, se iniciará un periodo de 15 días para la presentación de alegaciones, plazo que coincidirá con el mes de agosto que es inhábil en el ámbito judicial”, de manera que- argumenta “no será hasta septiembre cuando el Gobierno andaluz traslade al Constitucional los argumentos políticos, jurídicos y organizativos que respaldan la competencia de la comunidad autónoma en la materia”.

“Los empleados públicos andaluces no se merecen ningún retroceso en sus condiciones laborales”, subraya y en el mismo sentido, concluye que “la jornada de 35 horas es un derecho que quedó suspendido con motivo de la crisis y que ahora es de justicia devolverles, ya que con su esfuerzo y dedicación han permitido que no se vieran mermados los servicios públicos en los últimos años”.

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