Redacción | Cádiz.- La diputada del PSOE por Cádiz, Miriam Alconchel, elevará una pregunta al Gobierno acerca de las condiciones en que los agentes de la Policía Nacional desarrollan su trabajo en la comisaría provincial ubicada en la capital gaditana. La diputada socialista requerirá información sobre las obras de reforma que desde hace tres meses vienen acometiéndose en el edificio y que, según los sindicatos, suponen un alto riesgo tanto para los agentes como para los usuarios del servicio.

Alconchel, que ha mostrado su perplejidad ante las imágenes que salen en la prensa de las oficinas apuntaladas y aun así en servicio, pretende iniciar una ronda de contactos con los responsables del Sindicatos Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de la Policía para conocer sus planteamientos y demandas, no solo sobre el estado de la comisaría, sino en general sobre la situación de la plantilla en la provincia, los recursos con los que cuentan para desarrollar su labor, así como las mejoras que plantean para prestar sus funciones como cuerpo de seguridad del Estado.


La diputada socialista cree que el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, “haría bien en atender de inmediato las advertencias que vienen realizando desde los sindicatos para evitar posibles riesgos laborales y problemas de seguridad pública, de modo que debería de ordenar el desalojo de las dependencias más afectadas por la remodelación”.

Miriam Alconchel achaca a “la falta de previsión” del Gobierno en funciones la situación “estrambótica” en la que los agentes tienen que desarrollar su labor y en la que los ciudadanos reciben la prestación del servicio y así apunta que “no es normal que si tenían previsto acometer una reforma de tanta envergadura no se haya buscado una alternativa al edificio”. En este sentido, recuerda que tanto el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, como el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, visitaron y supervisaron recientemente las obras de rehabilitación “y podían haber caído en que el alcance de las mismas obligaba a la clausura temporal y a la búsqueda de unas dependencias alternativas para mantener el servicio”.

“Igual que consideraron que mientras no se construye una nueva comisaría provincial hay que arreglar la antigua, tendrían que haber previsto una solución para unas obras complejas que van a durar más de ocho meses y que tienen que soportar los ciudadanos que acuden al centro y los funcionarios que los atienden”, ha señalado.

Por eso, la diputada por la provincia de Cádiz quiere saber cuáles son las previsiones del Gobierno respecto a esa obra y qué planes tenía para poder seguir prestando un servicio de calidad que no se viera afectado por una reforma tan profunda de la Comisaría provincial.

Ante el panorama que describen los sindicatos, las molestias y el ruido que ocasionan las obras y que perjudican a la privacidad y a la confidencialidad que a veces requiere la prestación del servicio al ciudadano, el que no puedan acceder a sus oficinas y a los ordenadores, o disponer de los archivos, así como el hacinamiento que se ha provocado en el traslado de enseres dentro de las mismas dependencias, la diputada del PSOE cree que “alguien debe poner fin a tanta desorganización y desde luego, entender y atender a los agentes en sus reivindicaciones lógicas sobre el desalojo total del edificio que ya han trasladado al comisario jefe provincial”.

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