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La Consejería de Fomento y Vivienda ha publicado la lista de personas beneficiarias provisionales de las ayudas al alquiler de vivienda habitual a las familias andaluzas con ingresos limitados o en situación de especial vulnerabilidad que solicitaron la subvención en la convocatoria de 2017. Esta última convocatoria de ayudas, dotada con 16,3 millones de euros, ha recibido un total de 22.351 solicitudes, de las que unas 14.000 han resultado beneficiarios provisionalmente, encontrándose actualmente en fase de alegaciones.

Una vez finalizado este plazo, se irán resolviendo en las próximas semanas de manera que en octubre se dará orden a la Intervención para comenzar con el abono de las mismas. Se trata de la última fase previa al pago tras un proceso complejo por la dificultad en la gestión de unas ayudas convocadas que, por orden del anterior Gobierno de España, son en concurrencia competitiva, lo que ha complicado la tramitación administrativa, ya que la Junta está obligada a revisar individualmente las miles de solicitudes que se han presentado antes de poder comenzar el pago a aquellos que ya sabíamos que cumplían los requisitos.

Frente a esta situación, la Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto de relieve que el nuevo Gobierno ha recogido la reivindicación que ya se venía planteando desde Andalucía para reformar la normativa y permitir que las ayudas se convocasen en concurrencia no competitiva, de forma que cuando se tengan los primeros expedientes y se acrediten que los solicitantes cumplen los requisitos, se puedan abonar inmediatamente la subvención.

La firma del nuevo Plan Estatal con el nuevo Gobierno de España se ha conseguido, además, agilizar el proceso para la próxima convocatoria, la de este 2018, lo que permitirá descentralizar el pago y responder con diligencia a las familias que sufren enormes dificultades para afrontar el alquiler.

Las ayudas de alquiler están dotadas con 15 millones de euros para subvencionar el 40% de la renta de arrendamiento de la vivienda para contratos no superiores a los 500 euros mensuales. No obstante, la ayuda puede alcanzar hasta el 80% para aquellas personas que acrediten estar en situación de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social gracias a la ampliación de la dotación estatal con un montante adicional de 1,3 millones de recursos autonómicos, lo que hace un total de 16,3 millones.

Los solicitantes han de ser los titulares del contrato y no superar unos ingresos calculados en función de los miembros de la unidad familiar, fruto de la suma de los ingresos de todos, referidos al ejercicio 2016. También se tiene en cuenta a todos los que compongan la unidad de convivencia del solicitante, entendiendo como tal el conjunto de personas que estén empadronadas en la vivienda para la que se pide la ayuda en el momento de presentación de la solicitud y no se podrá disponer de la titularidad ni un derecho de uso sobre alguna otra vivienda.

Las solicitudes se han presentado en las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda de la provincia en la que se ubicaba la vivienda objeto del contrato de arrendamiento o en la entidad colaboradora seleccionada para la gestión de las ayudas y que se ubique en el lugar de la vivienda, así como a través del Portal de Atención a la Ciudadanía o cualquier otro registro público.