Redacción.- El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha destacado en el Parlamento el esfuerzo de la Junta en la reducción progresiva de la deuda con las universidades públicas y ha cifrado en 397 millones de euros la cantidad pendiente a cierre de 2015. Asimismo, ha manifestado que su objetivo principal para 2016 es que todas las universidades puedan cumplir el período medio legal de pago a los proveedores.

Además, Ramírez de Arellano ha subrayado que hablar de deuda implica que existe un compromiso previo. «La deuda ha surgido porque la Junta de Andalucía ha mantenido el compromiso recogido en el modelo de financiación y así se ha reconocido y se ha reflejado en el Acuerdo por el Sistema Universitario Público», firmado en junio de 2013, ha señalado.

En este sentido, ha hecho alusión a algunas comunidades donde no se debe dinero a las universidades, porque han optado directamente por recortar la financiación y «han disminuido los recursos destinados a la educación superior». De otro lado, también se ha referido a otras regiones de nuestro país donde no se han reconocido los compromisos, obligando a las universidades a recurrir a los tribunales, lo cual se ha saldado con varias sentencias a favor de las demandantes por parte del Supremo.

Para recalcar el compromiso del Gobierno andaluz y de la presidenta Susana Díaz con el sistema universitario público, el consejero ha incidido en que solo dos comunidades, Andalucía y Asturias, han tenido un crecimiento positivo en la financiación estructural del sistema según la CRUE. La caída media en España en los últimos años ha sido del 8,3%. También, según el último informe de la Fundación CYD, la comunidad andaluza es la tercera con mayor esfuerzo financiero respecto al PIB en materia universitaria.

Según el modelo vigente, la financiación de las universidades ha superado los 12.000 millones de euros en los últimos 10 años. «Esto significa que, a finales del pasado año, se había abonado el 99,2% del presupuesto previsto, acumulando una deuda de tan solo el 0,8%», ha manifestado el consejero aludiendo a la deuda corriente que siempre tiene que haber por razones puramente administrativas y que ronda los 300 millones de euros.

No obstante, Ramírez de Arellano ha manifestado que «sabemos que no es suficiente, queremos mejorar esas cifras y seguimos trabajando para traer certidumbre a las universidades». Por ello, ha dicho, «en este 2016 tenemos que abrir en Andalucía un periodo para la reflexión sobre qué modelo universitario queremos, incluida la financiación para lograrlo, un modelo que responda a las nuevas necesidades sociales de la región, para la formación de las personas, las empresas o la internacionalización como proyecto general».

El consejero de Economía y Conocimiento ha subrayado como eje fundamental de este debate la garantía de la igualdad de oportunidades, «algo que la política universitaria nacional ha puesto en entre dicho estos últimos años». «Necesitamos un capital humano bien formado, capaz de aportar valor a la sociedad, y dejar fuera a alguien por motivos económicos es una insensatez que no debe repetirse», ha añadido Ramírez de Arellano en su intervención parlamentaria.

En relación al papel desempeñado por las universidades públicas en el diseño de este nuevo marco, el consejero ha manifestado que «juntos trabajamos en constante diálogo para zanjar no solo la cuestión de la deuda, sino para redefinir nuestro futuro».

En definitiva, «el Gobierno andaluz reconoce la deuda y es consciente de la importancia de que la Universidad cuente con certidumbre. Su apoyo en la construcción del futuro de esta región es fundamental, y no merece distracciones de índole económica», ha concluido el consejero.