Reclaman en el Congreso un papel más activo del Gobierno en la revisión de las hipotecas con cláusulas suelo

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La diputada por la provincia de Cádiz, Miriam Alconchel, ha defendido esta mañana en el Congreso la posición del Grupo
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Redacción | Provincia.- La diputada por la provincia de Cádiz, Miriam Alconchel, ha defendido esta mañana en el Congreso la posición del Grupo Socialista ante el debate generado en torno a las hipotecas con cláusulas de suelo, reclamando un papel más activo del Gobierno en la revisión de los préstamos con condiciones abusivas que vienen generando el señalamiento de hasta 40 juicios semanales de media en el juzgado de lo mercantil de Cádiz.

En esta línea, ha emplazado al Gobierno de España a llevar a cabo las modificaciones legislativas que le exige la Comisión Europea, para garantizar los derechos de los consumidores, y para garantizar que puedan ver realizados esos derechos sin obstáculos, ni dificultades añadidas.

La iniciativa, que ha sido respaldada por todos los grupos, insta al Gobierno de España a ser parte activa en la revisión de los préstamos hipotecarios con cláusulas suelo y a legislar para la anulación de las mismas, para evitar que se produzcan en el futuro este tipo de cláusulas abusivas y para que la banca devuelva todo el dinero que ha sido cobrado a los ciudadanos de manera ilícita.

Miriam Alconchel ha recordado que ya el Grupo Parlamentario Socialista presentó en octubre de 2013 una proposición de ley relativa a este mismo asunto en la que se establecían las bases para evitar que en el futuro se produjeran estas prácticas abusivas en los préstamos hipotecarios, para que se estableciera un plazo de seis meses para revisar la totalidad de los préstamos hipotecarios con cláusula suelo y para que se declarara la nulidad radical de estos excesos financieros con la anulación de las cláusulas suelo y la devolución de todo lo cobrado indebidamente.

“Desde entonces ha pasado un tiempo precioso en el que el Gobierno no ha tomado medidas suficientes y seguimos debatiendo sobre este tema en este Congreso de los Diputados, mientras la Comisión Europea advierte a España de que tiene que adaptar su legislación a la comunitaria para proteger a los consumidores”, ha señalado la diputada gaditana que lamenta que “hayan tenido que ocurrir miles de situaciones dramáticas para que el Gobierno haya ido parcheando la legislación nacional a medida que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido dictaminando resoluciones en las que manifestaba que había que adoptar nuestra legislación al derecho comunitario para que los consumidores estuvieran realmente protegidos frente a las cláusulas contractuales abusivas, para que no quedaran vinculados por las mismas con las nefastas consecuencias que ya conocemos: insolvencia, ruina, pérdida de la vivienda”.

Alconchel advierte de que “si bien la justicia ha dado la razón a los consumidores en sus reclamaciones, el Tribunal Supremo las declara nulas pero entiende que no hay que devolver todo el dinero cobrado desde que se firmaron sino desde que el Tribunal las declara nulas en mayo de 2013”. El PSOE, ha recalcado, “defiende que si son nulas hay que hacerlas desaparecer y sus efectos también y hay que devolverlo todo”. Y por eso, la diputada del Congreso espera que el Tribunal Europeo se pronuncie en este sentido mañana y abra la puerta a que las familias afectadas puedan recuperar todo el dinero cobrado indebidamente.

“No se puede sostener que los consumidores hayan asumido todo el riesgo al contratar con la banca y que cuando los tribunales declaran que se ha producido un abuso en el marco de la contratación en la que han estado en una flagrante inferioridad, sólo se les restituya parte de su dinero por salvaguardar los intereses macroeconómicos”, denuncia. “¿Y la microeconomía, la personal, la familiar, de esos consumidores que incluso han perdido sus viviendas?”, ha inquirido.

La diputada del PSOE ha lamentado que “a pesar de que se haya declarado la abusividad de estas cláusulas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Gobierno del PP haya defendido los intereses de las entidades bancarias frente a los derechos de los ciudadanos”, de ahí que los socialistas exijan “un cambio radical del Gobierno al respecto y que se ponga completamente del lado de las personas”.

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