Redacción | Provincia.- La portavoz de Empleo del PP en el Parlamento de Andalucía y representante del Grupo Popular en la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación, Teresa Ruiz Sillero, indicó hoy que “es el momento de que el Gobierno andaluz conteste y dé explicaciones sobre cuánto dinero le ha dado a Ojeda para los cursos de formación”.

“Otra pregunta clave que debe responder es cuánto dinero le reclama al señor Ojeda. ¿Por qué no quieren dar estos datos?, ¿Para que no tengamos noticias de la magnitud de fraude que envuelven a la subvenciones otorgadas a éste?”, se cuestionó.

Durante una rueda de prensa que ha tenido lugar en Cádiz, la diputada popular explicó que el pasado 4 de abril se le solicitó desde la UCO al Juzgado para que se le reclame al Gobierno andaluz  que explique y aclare los expedientes de subvenciones concedidos a Ojeda en relación a Delphi por valor de 33,3 millones de euros.

“Es el momento de que el Gobierno de Díaz aclare por qué no quiere dar información al juzgado de todas las subvenciones dadas a Ojeda en relación a la formación de Delphi y que explique cómo le dio esa subvención a dedo al entramado empresarial de éste cuando no tenía ni siquiera instalaciones y elementos para dar los cursos”.

Además, Ruiz Sillero también se refirió a la cuestión relacionada con el contrato que firmó Ojeda con Irene García cuando ésta era alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, una pregunta que, según aclaró, “también quedó sin responder”, por lo que aseguró que “García debería dar explicaciones sobre este asunto”.

Asimismo, hizo alusión al tema del CTI de San Fernando y es que explicó que desde el PP se ha preguntado en varias ocasiones qué es lo que ha ocurrido aquí por lo que apostilló que “en el Parlamento de Andalucía se ha descubierto cómo el Gobierno de la Junta a través de la FAFFE dio un ‘pelotazo’ en el alquiler de  las instalaciones del CTI, es decir pagaban 4.500 euros al mes y alquiló la tercera parte por 15.000 euros teniendo un beneficio diez veces superior a lo que se pagaba”.

“Algo incomprensible porque estamos hablando del dinero de los desempleados andaluces y con eso estaba haciendo negocio el propio Gobierno socialista de la Junta”, agregó.

La popular recalcó que ni los representantes de la FAFFE ni Ojeda quisieron aclarar nada al respecto por lo que aseguró que “se trata de otro episodio oscuro del Gobierno de la Junta con la FAFFE y con el señor Ojeda”.

“Se le está reclamando al CTI de San Fernando al menos cuatro años de las subvenciones. Cada año se le daba 1 millón 251 euros, 4 millones 800 mil euros se está reclamando y todo por subcontratar la formación con FAFFE y el Gobierno sigue sin dar explicaciones”, apuntó.

En otro orden de cosas, se refirió a la reclamación de Ojeda para que le paguen el 25% que se le adeuda y a la querella penal que ha interpuesto contra el Gobierno andaluz.

Ruiz Sillero afirmó que el Gobierno de Díaz debe aclarar su responsabilidad en no liquidar el 25% que, según señaló, “ha sido el causante de la quiebra de muchas empresas que le han faltado esos fondos”.

“¿Que va a hacer Díaz le va a pagar la liquidación a Ojeda cuando le reclama tres millones de euros sólo en el caso de Delphi, ¿Le está embargando sus bienes o sus cuentas corrientes para reclamarle  esos tres millones o se va a quedar de brazos cruzados para no reclamarle nada y sí pagarle lo que por sentencia judicial le está ganando. ¿Hay algún trato de favor del Gobierno de Díaz con el entramado empresarial de  Ojeda porque éste puede que sepa mucho de lo que ha sucedido en el caso del fraude de la formación ligado al Gobierno socialista de la Junta?”, sentenció.

Comparecencias delegados provinciales en la Comisión

Respecto a las últimas comparecencias de los delegados provinciales la Comisión de Investigación, afirmó que todos han usado el mismo hilo argumental pareciendo que seguían el guión escrito preparado por el Gobierno socialista andaluz y recordó que todos ellos han negado las irregularidades como si todo fuera una invención e ignorando las dos líneas de investigación que hay tanto en la Justicia como en la Comisión que tiene lugar en el Parlamento.

Algo que, según indicó, “demuestra que sí hay irregularidades en los casos de formación profesional para el empleo” aunque matizó que “la Justicia dirimirá la consecuencias penales mientras que en la Cámara andaluza se fijarán las responsabilidades políticas de este fraude masivo”.

En relación con el delegado provincial de Cádiz, Juan Bouza, incidió en que se negó a responder a las preguntas claves como fue la de si son o no falsos los certificados de finalización del 25% por el que se le pagaban a las empresas de formación el resto de la liquidación.

En este sentido, recordó que es una cuestión que está siendo investigada por la Justicia y por la cual han sido imputados todos los delegados provinciales, a la vez que pidió explicaciones al Gobierno andaluz para que “aclare que pasaba con la firma de los certificación de finalización del 25% y si los delegados provinciales obedecían órdenes de los directores generales o de los consejeros de Empleo para firmar estos certificados presumiblemente falsos que se están investigando por la Justicia para abonar ese 25% sin que se miraran los documentos de las empresas de formación”.

“Esa presunción de falsedad de esos certificados cuando se revisan esos mismos expedientes por las irregularidades demostradas por los interventores provinciales en sus informes especiales sobre la formación para el empleo da lugar a los reintegros totales”, agregó.

De esta forma, puso como ejemplo un caso concreto de Ojeda, concretamente el de la empresa Asociación de Empresas Aeronáuticas donde se le reclaman 226.000 euros, la totalidad del expediente, pero que, según aseguró, “sí se le había dado en cambio el visto bueno y se había firmado el certificado del 25%”.

Con respecto a las declaraciones de Ojeda en la Comisión de Investigación, la popular destacó que las preguntas del PP que quedaron sin contestar ponían en aprieto a éste al preguntarle si era socio en la empresa Centro Ortopédico Capuchinos con Manuel Mateo Lledó que era el consejero delegado de la empresa Dattatec a la cual la adjudicó todos los contratos de informatización de la Consejería de Hacienda por un total de 148 millones de pesetas.

“Desde sus tiempos de la Consejería de Hacienda ya tenemos cuestiones pendientes de explicar por el señor Ojeda”, dijo.

Asimismo, incidió en que Ojeda tampoco quiso responder a las cuestiones relacionadas con sus relaciones con el desvío supuestamente de fondos a Chile por importe de diez millones de euros ni tampoco sobre si ha tenido fondos en paraísos fiscales como Luxemburgo, Panamá o Kuala Lumpur.

En relación con Bahía competitiva aseveró que el Gobierno andaluz debe dar explicaciones a nivel regional y provincial de las noticias aparecidas  en prensa sobre el dinero defraudado en el Plan Bahía Competitiva.

Ruiz Sillero afirmó que el dinero defraudado de este Plan terminó en paraísos fiscales  pasando por sociedades opacas a través del bufete Mossac-Fonseca concretamente en Panamá, Seychelles, Islas Vírgenes y Luxemburgo.

“Pedimos explicaciones a Susana Díaz y a Irene García de lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en el Plan Bahía Competitiva.  No pueden seguir guardando silencio en esta trama de fondos de empleo ligada siempre a la Agencia IDEA. Curiosamente la gerente en Cádiz en IDEA era por entonces Rosa Mellado y sigue estando al frente”, concluyó.